Re-nacionalización del cobre: Programa político de la burguesía burocrática

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En Chile, cerca del 78% del cobre producido entre 1995 y 2009 fue saqueado directamente por manos imperialistas, de las cuales sólo siete monopolios robaron más del 51% del cobre, según cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Los mayores yacimientos del metal rojo están controlados por el imperialismo yanqui, australiano, canadiense, inglés y nipón (ver recuadro).
El saqueo imperialista.
Un informe realizado por una comisión del senado del viejo Estado el año 2003 denunciaba lo indesmentible: Ninguna de las empresas imperialistas tributaron excepto Minera Escondida y Mantos Blancos, que sólo pagaron un par de veces. Esta información la confirmó el Servicio de Impuestos Internos al afirmar que entre 1995 y 2002 no se recibió un solo centavo de las mineras imperialistas. Más aún, sólo en el 2006 las ganancias de las empresas imperialistas superaron al total de la inversión extranjera en la minería chilena durante 32 años. 
Y es que nuestra condición semicolonial se manifiesta también en la gran minería del cobre, donde el viejo Estado, las clases que lo integran (Terratenientes y Gran burguesía, con sus dos fracciones burocrática y compradora) y los partidos que lo sustentan impulsan una política entreguista y vende patria colocándose de rodillas ante sus amos imperialistas, principalmente yanqui. Es el imperialismo, principalmente norteamericano, quien dicta nuestras leyes, controla nuestra economía e impulsa una cultura acorde a sus intereses de clases. De ahí que somos una semicolonia imperialista.
Este sentimiento antiimperialista y la indignación frente al saqueo de los recursos naturales por parte de los monopolios ha llevado a amplios sectores del pueblo a demandar la recuperación de los recursos naturales para impulsar el desarrollo nacional. Aprovechando esta demanda democrática del pueblo, sectores del oportunismo y el revisionismo han levantado la consigna de “re-nacionalizar el cobre”. 
¿Será que re-nacionalizar el cobre implicará mejorar las condiciones de vida de las masas, como se han ilusionado algunos sectores del pueblo?. Para responder esta pregunta debemos analizar lo ocurrido durante el gobierno de la Unidad Popular, periodo en el cual se “nacionalizó” el cobre.
El gerenciamiento de Allende, representante de la facción burocrática.
Los procedimientos para controlar estatalmente las empresas monopólicas fueron básicamente dos: la compra de sus acciones por parte del gobierno a sus propietarios, o bien, la requisición o la intervención. La compra de acciones a los propietarios de las empresas, dado el espíritu legalista que inspiraba a la Unidad Popular, sólo podía realizarse cuando estos accedían a venderlas. Hubo casos, como el de la gran industria monopolista del papel, en que la oposición realizó una campaña para impedir la venta de acciones e incluso reunió fondos para adquirir a mejor precio que el gobierno, aquellas de quienes podían vacilar ante las ofertas oficialistas. En general, la necesidad de sentar precedentes publicitarios para “tentar” a otros accionistas a vender sus títulos, movió al gobierno a pagar elevadas sumas por las acciones que adquiría, iniciando así el camino hacia el despeñadero posterior del agotamiento de los recursos fiscales. Cálculos modestos hacen ascender los gastos destinados a comprar bancos, así como minas y otras empresas en poder de los norteamericanos, hasta diciembre de 1971, a unos 100 millones de dólares, sin contar la deuda de la gran minería del cobre de la cual se hizo cargo el gobierno al expropiarla. Se produjo un traspaso masivo de capitales desde el capital monopolista estatal hacia el no estatal.
Además, un informe de inteligencia de la bestia yanqui (NIEs) del año 1973 establecía que Allende mantuvo líneas abiertas hacia Washigton para una posible compensación por la expropiación de las compañías norteamericanas del cobre. Más aún, la minera yanqui Kennecott luego de ser expropiada logró en febrero de 1972 el embargo de cuentas de varias agencias chilenas en Nueva York. La imperialista Anaconda, procedió luego de la misma manera. Se intentó, así mismo, actuando ante los tribunales de países compradores de cobre chileno, como Francia, Suiza, Alemania e Italia, obtener que los pagos fueran congelados, mientras tribunales internacionales resolvían sobre el problema de la indemnización, lo que provocó obstáculos a las entregas de cobre por parte de Chile.
Pero, ¿por qué se habrá procedido de esta manera frente a las empresas imperialistas?
La lucha antiimperialista.
Los sectores reaccionarios chilenos, al igual que el gobierno de EE.UU., estaban extremadamente conscientes de los peligros que encerraba para ellos que el pueblo tomara en sus manos la bandera de una profunda movilización de masas en oposición al imperialismo norteamericano. Una movilización de esa especie habría arrastrado a vastos sectores de la población, y habría aislado por completo a quienes pretendieron oponérsele. Es por esta razón, que la reforma constitucional destinada a nacionalizar el cobre es aprobada por unanimidad en el Parlamento.
Por cierto, que la directiva del P”C”, que temía más a la movilización popular que al imperialismo y sus agentes, con quienes, por el contrario, anhelaba aliarse, fue uno de los campeones de esta postura claudicante y castrada frente al imperialismo norteamericano. Es una de las razones, por las que se opusieron a la proposición del Presidente Allende de llamar a un referendum para hacer aprobar los artículos vetados de la reforma constitucional destinada a nacionaliza el cobre. No deseaban que dicho referéndum sirviera de estímulo a un movimiento de masas anti-imperialista, que entorpecieran el proyectado pacto con la DC.
Así, el gerenciamiento de la Unidad Popular, lejos de levantar la bandera antiimperialista, mantuvo una alta dependencia con el imperialismo estadounidense, dado que de allí provenía el grueso de los créditos a Chile (78,4 por ciento de los créditos comerciales a corto plazo en 1970) y que las máquinas adquiridas en EE.UU., requerían repuestos y, a menudo, materias primas y ciertos combustibles, del mismo mercado. El Ministro de Economía de Chile, por ejemplo, a fines de 1972 estimaba que casi un tercio de los camiones diesel en el mineral de Chuquicamata; un 33 por ciento de los buses estatales; un 30 por ciento de los buses urbanos privados y un 21 por ciento de los taxis, estaban fuera de servicio por la falta de repuestos o neumáticos.
A lo más, el discurso antiimperialista del gerenciamiento de Allende implicó un cambio de amo, agachándose frente a otros imperialismos como el social-imperialismo soviético. Por ejemplo, a fines de junio de 1973, el senador DC (partido pro norteamericano) Juan de Dios Carmona, protesta por el contrato de 36 asesores y 10 intérpretes, realizado con la firma Tsvetmetpromexport de Moscú, que ganan 844 dólares mensuales y 470 dólares mensuales, respectivamente, cada uno, lo que excede con creces el tope legal de 20 sueldos vitales. Ya en diciembre de 1972, el PDC, había hecho llegar una carta al Presidente Allende, en la que cuestiona el “acceso de técnicos soviéticos a los secretos industriales y a las experiencias de las grandes empresas mineras nacionales, favoreciendo así a un competidor potencial y tan poderoso como la URSS”. En esa misma carta se pregunta, así mismo: ¿”Es efectivo que la Unión Soviética, en su condición de ‘hermano mayor’, calidad por primera vez asignada a un país extranjero por un Presidente de la República de Chile, nos otorgaría los créditos atados, condicionados, amarrados, que Ud., y los partidos de la Unidad Popular criticaron tan duramente en el pasado?”. 
Por otra parte, los círculos dirigentes norteamericanos, sabían que de cancelarse el otorgamiento de préstamos, en las condiciones de una demanda hipertrofiada por las medidas tomadas en esa dirección por el gobierno de la UP y ante el sabotaje patronal a la expansión de la industria, se produciría un drenaje completo de la reserva de divisas que tenía el gobierno de Allende, como efectivamente ocurrió. A todo esto se sumaba —para aumentar dicho déficit— la aguda baja del precio del cobre en el mercado internacional impulsada por la decisión de EEUU de utilizar sus reservas de cobre. Ello significó tan sólo en 1971 un menor ingreso de divisas de 140 millones de dólares y el aumento del precio de los productos importados, que implicó otra pérdida del orden de los 120 millones de dólares.
Ante las insuficiencias de la agricultura y de la producción industrial y para enfrentar la demanda hipertrofiada que había desencadenado, el gobierno, se vio obligado a incrementar las importaciones. Esto debió hacerlo en condiciones extremadamente desfavorables, debido a la intensa baja del precio del cobre en el mercado internacional (de cuya venta dependen las 3/4 partes de los ingresos de divisas de Chile).
Las lecciones de la “nacionalización” del cobre.
Renacionalizar el cobre no implica una verdadera lucha antimperialista si no se expulsa al imperialismo de todo ámbito de la vida nacional. Se deben confiscar (sin indemnización) todo el capital monopólico, tanto extranjero como nacional, que oprime al pueblo, impulsar el desarrollo de la industria nacional e impulsar la revolución agraria expresada en tierra para quien la trabaja. El camino impulsado por el gerenciamiento de la UP, mantuvo nuestra condición de semicolonia imperialista y no impulsó un desarrollo industrial autosostenido. Por el contrario, representó los intereses de la facción burocrática de la gran burguesía.
Este tipo de nacionalizaciones si no va acompañada de la destrucción del viejo Estado y la construcción de uno nuevo, uno proletario, sólo servirá para fortalecer a una facción de la gran burguesía que se enquista en las empresas del Estado para oprimir al pueblo. Por ello que sin plantear la conquista del poder por parte del proletariado y el pueblo chileno, estamos siguiendo el camino de la burguesía burocrática como la representada por Allende, en la década del 70’ y Chavez o Morales en la actualidad, cuyo “antiimperialismo” significa en la práctica sólo un cambio de amo.
En último término, el programa democrático como la confiscación del gran capital minero también debe defenderse, cosa imposible sin la conquista del poder y la instauración de la dictadura conjunta de las clases revolucionarias. Por lo tanto, el problema fundamental sigue siendo el poder y cómo conquistarlo mediante la Guerra Popular.
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Autor: Periódico El Pueblo (Chile)

Prensa popular e independiente al servicio de las luchas de los pueblos oprimidos del mundo.

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