NUEVA LEY DE ACREDITACIÓN: LAS MISMAS VIEJAS FORMAS DE DICTADURA BURGUESA

Como ya lo habíamos tratado en la edición anterior, el carácter de la educación en Chile pose un aspecto feudal y un aspecto burgués al igual que las instituciones ligadas al tema educativo, esto proviene del sistema económico el cual da las bases para que luego se consolide y materialice en el ámbito político. La caracterización más precisa con respecto a esto es la denominación de una educación semifeudal,  es decir, una educación en la cual se pasa por sobre todos los aspectos de democracia burguesa presentes, en cuanto a legalidad burguesa, libertad de expresión, educación democrática, etc. Es por ello la importancia del sistema educativo ya que es uno de los ámbitos culturales (junto con los medios de comunicación de masas) que legitiman y reproducen un sistema completamente antidemocrático.

En este último tiempo se buscó la forma de cómo mejorar el aspecto educacional, pero el Estado burgués terrateniente no da tregua a estas demandas, haciendo oídos sordos y solo repitiendo sin contenido la palabra cambio, pero no escucha en qué dirección se busca el cambio, por lo cual realizan cambios superficiales y en beneficio de las clases explotadoras con el disfraz de haber escuchado al pueblo. Esto fue lo que ocurrió con la nueva ley de acreditación la cual se centra en un camino completamente distinto del cambio democrático que buscaba el pueblo de Chile.

Las principales “modificaciones”  del gerenciamiento Piñera con respecto a al tema de las acreditaciones son las siguientes:

1.       Las acreditaciones van a ser dadas por una nueva institución acreditadora que reemplazaría a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), llamada Agencia Nacional de Acreditación (ANA), esta agencia ostentaría de todo el poder para dar acreditaciones, dejando fuera de la ley a las agencias acreditadoras privadas, el dejarlas fuera de la ley no obligan a que sean cerradas, probablemente sigan funcionando sin un reconocimientos estatal, lo que serviría para dar una certificación adicional a las  carreras de las universidades.  (las agencias acreditadoras privadas solo podían acreditar carreras no instituciones)

2.       Además las acreditaciones institucionales ya no tendrían más plazo por años, sería una acreditación que consta de 6 años y si es que se aprecian  detalles, darían una acreditación provisoria por 3 años. Dentro de estas acreditaciones institucionales, se escogerán dos carreras aleatoriamente para ser auditadas y si corresponde acreditadas.

3.       Por último se plantea que las Universidades que no sean acreditadas, se les quitaría la autonomía, lo que haría que vuelvan a ser dependientes del Ministerio de Educación, no dependientes económicamente y administrativamente, sino controladas por el Ministerio de Educación como lo hacen todas las universidades privadas cuando se crean, es decir “retrocederían”.

Estas modificaciones no hacen más que continuar confirmando el carácter semifeudal de la educación y sus organismos, ya que aunque parezca una ley rigurosa, no ataca el problema de fondo en cuanto a la democratización de la educación y su calidad, tampoco toca ningún aspecto de la base económica de la educación, no niega que la educación como mercancía, de hecho lo reafirma estableciendo criterios de calidad burguesa, que aseguren al consumidor (estudiante), no que va tener una buena educación, sino que va a ser una persona empleable y completamente funcional al sistema, es decir, te garantiza ser parte de la economía nacional y tener la posibilidad de explotar o ser explotado. El cambio de nombre no significa nada, el dejar fuera de la ley a las agencias privadas es una forma de lavarse las manos de una situación que se va a seguir manteniendo. La certificación por 6 años no es garantía de calidad académica, sino de funcionalidad al mercado para la universidad y para los estudiantes, es decir, quedan dentro del nicho económico de la educación por requerimientos mínimos, y que sea el Estado el garantice eso no da seguridad de nada, no olvidar que Eugenio Díaz el reconocido mafioso de la educación era parte del viejo Estado a través de la CNA. Por último, el tema de la autonomía universitaria es una manoseada y clara estrategia para dar oportunidades a las universidades que se encuentren en condiciones precarias, ya que da tiempo para que puedan buscar nuevos inversionistas y levantar nuevamente el negocio de la educación.

Ninguna de las modificaciones anteriores ataca la raíz del asunto, y es que el carácter de las Universidades y de la educación en general en Chile sea antidemocrático en el aspecto social, económico y político, además las universidades continúan siendo un negocio más en el país, donde circula gran cantidad de capitales, por otro lado esto tampoco cambia el circulo vicioso de la educación en el cual los estudiantes de clase burguesa y terrateniente puedan optar a mejores colegios (particulares) y con ello a su vez puedan optar a mejores universidades y empleos, con lo cual se conservan las elites, que a su vez poseen otra cara de la moneda, los hijos del pueblo, de campesinos y obreros, los cuales siguen siendo mano de obra barata con empleos precarios donde son explotados de sol a sol. Y lo más importante, no se cambia el espíritu semifeudal de la educación, siendo antidemocrático, autoritario, supersticioso (Universidades religiosas), elitista, y discriminador. Es por ello la necesidad del pueblo debe ser luchar por una educación gratuita, democrática, popular, y para todos.

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Autor: Periódico El Pueblo (Chile)

Prensa popular e independiente al servicio de las luchas de los pueblos oprimidos del mundo.

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