ENCASILLAMIENTO DOCENTE: UN NUEVO GOLPE A LOS PROFESORES Y EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

“No es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar, por ende, su superestructura política y la sociedad misma”.
José Carlos Mariategui

Durante el 2015 los profesores se movilizaron por varios meses en contra de las políticas de la Nueva Mayoría. En ese momento, los dirigentes del Colegio de Profesores dijeron haber conseguido grandes avances con el gobierno, para así frenar la protesta de los docentes. Sin embargo, con la nueva ley de Encasillamiento vemos como en realidad Gajardo y compañía firmaron una ley que sólo perjudica a los profesores, por ende perjudica también a los estudiantes.

El proyecto de carrera docente o ley 20.903 nació como proyecto en el gobierno de Piñera y fue aprobada como ley en el actual gobierno de Bachelet, despertó en un comienzo las ilusiones de mejorar las condiciones de trabajo y remuneraciones de miles de profesores. No obstante, al entrar en vigencia el nuevo sistema y conocerse más detalles del mismo, las ilusiones se desvanecieron y de ser una supuesta mejora ha pasado a ser un nuevo golpe a la educación, que profundiza la precariedad y malas condiciones de los profesores en Chile.

Este nuevo sistema se basa en la lógica capitalista de encasillar a los docentes de acuerdo a los resultados que hayan obtenido en las arbitrarias y desprestigiadas evaluaciones, tales como el portafolio docente, la prueba de conocimientos AVDI u otras evaluaciones realizadas por el sostenedor, poniendo el foco en la competitividad como criterio de profesionalización y no la solidaridad entre pares, obviando así el hecho que las condiciones laborales de un profesor municipal no son iguales para el sector privado.

Además, se responsabiliza al profesional por no ser capaz de superar las desigualdades de clase, legitimando con esta ley el robo y lucro de las instituciones educativas que entregan títulos profesionales que no podrán ser ejercidos, tal como lo validan los datos de la prueba Inicia. Allí una vez más se responsabiliza por los resultados a los estudiantes y no las instituciones acreditadas por el Estado. En una primera etapa, la nueva ley estableció que el encasillamiento inicial de los profesores se basaría en las evaluaciones existentes hasta este momento, incluso algunas de carácter voluntarias como la ADVI, todo bajo la promesa del gobierno en que el nuevo sistema mejoraría las remuneraciones y condiciones laborales de los docentes. Sin embargo, tras conocerse hace pocas semanas los resultados de este primer encasillamiento, la gran mayoría de los profesores del sector municipal se llevaron la injusta sorpresa de que fueron encasillados en los últimos niveles. Es decir, el 80% fue situado en los niveles básicos de “acceso, inicial y temprano”, estando en el segmento de menores ingresos. Inclusive, hay casos de docentes con más de 30 años de servicios encasillados en los niveles básicos. O sea, 30 años de hacer clases que el viejo Estado no considera para nada con el fin de justificar su saqueo a los miles de profesores y oponer a los maestros contra alumnos incautos y familias desesperadas.

Por datos entregados por el propio CPEIP (Centro de Perfeccionamiento y Estudios Pedagógicos), en la recién pasada evaluación docente (portafolio profesional) el 79% de los profesores municipales estaba en los niveles óptimos de desempeño como “competente” o “destacado”. Sin embargo, en los resultados del nuevo encasillamiento de profesores recién conocido, encontramos que un 79,15% está en los tramos básicos de “acceso”, “inicial” y “temprano”. Con esta ley de por medio que pretendía “mejorar” las condiciones docentes, resulta ahora que la gran mayoría de los profesores, teniendo supuestamente los mismos estándares de evaluación, solo califican en los niveles básicos.

La gran mayoría de los profesores encasillados como básicos deberán trabajar bajo la amenaza permanente de avanzar de nivel en un plazo máximo de 4 años, so pena de ser eliminados del sistema sin poder ejercer la profesión en ninguna escuela pública. Para los profesores que enseñan en condiciones difíciles, sin infraestructura ni recursos, constituye una gran injusticia. ¿Podrá un docente rendir frente al sistema educacional si se le somete a más presión de la que ya tiene con estas evaluaciones? ¿Verá como positivo compartir experiencias exitosas con sus colegas si percibe que justamente serán ellos su medio para incrementar su sueldo?

Nuevamente el MINEDUC, patrocinado incondicionalmente por el Colegio de Profesores y dirigido por el falso comunista Jaime Gajardo -quien es totalmente desvalidado y odiado por los profesores, el que sigue en su cargo a raíz del antidemocrático sistema de elecciones del CC.PP-, han golpeado a los profesores y al Derecho a la Educación, precarizando aún más el empleo de los docentes, aumentando las obligaciones de los profesores tanto en el aula como en el trabajo administrativo (horas curriculares no lectivas), quebrantando derechos laborales como el derecho a la estabilidad en el empleo, a la capacitación, a ser evaluado en forma justa, a recibir remuneraciones dignas, a organizarse en sindicatos y a negociar colectivamente. Desde el punto de vista laboral, el nuevo sistema de encasillamiento consolida el Plan Laboral de Pinochet en el sector docente, ese mismo que defiende con uñas y dientes la Nueva Mayoría junto a todos los falsos demócratas.

Ciertamente, esta nueva ley profundizará más la brecha entre colegios municipales y colegios particulares. Seguirá privando al pueblo de su derecho a educarse y continuará la creciente explotación sobre los profesores. El Estado burocrático y corrupto pretende hacernos creer que el problema de la educación son los profesores y sus malos desempeños o baja preparación, porque con eso se lavan las manos y consolidan un sistema educacional injusto para el pueblo, desligándose de que la responsabilidad real de la desigualdad en la educación son las políticas que ellos han implementado y consolidado. Con esta ley se culpa a los profesores de la pobreza y desigualdad, haciendo al docente responsable de los problemas sociales que son reflejo de una sociedad de clases, ocultando con ello todos los problemas de educación, tales como la carencia de recursos, malos sueldos, mala infraestructura, pobreza y marginalidad de sus alumnos y familias. Los profesores son trabajadores y son parte del pueblo, por ende deben organizarse, luchar, unirse a los estudiantes y apoderados, para juntos desenmascarar a los dirigentes y políticos oportunistas y corruptos que venden sus demandas.