NEGOCIO FORESTAL Y LATIFUNDIO: UNA DAGA EN EL CORAZÓN DE LAS MASAS

Negocio Forestal y Latifundio:

UNA DAGA EN EL CORAZÓN DE LAS MASAS

A propósito de los incendios que azotan a las masas pobres de nuestro pueblo, reeditamos el artículo de la edición N° 39 de Periódico El Pueblo (Septiembre 2015) sobre el negocio forestal, el carácter terrateniente del Estado y la lucha por la tierra.

Los incendios forestales han develado el carácter terrateniente del Estado chileno, desde mucho antes del DL 701 de Pinochet. Es un Estado terrateniente desde su génesis y fue profundizado por el plan “Alianza para el Progreso”, impulsado por el imperialismo yanqui en América Latina. El negocio forestal se desarrolla sobre la base del latifundio y sirve a los intereses de las clases dominantes de nuestro país: los terratenientes y grandes burgueses.

Desde sus primeras for­mas de organización, las masas han trabajado la madera como recurso natural. Históricamente, la obtención de madera ha permitido a las ma­sas confeccionar herramien­tas, construir hogares, generar ca­lefacción y obtener productos con mayor procesamiento, tales como el papel. El problema radica en las relaciones de la propiedad sobre la tierra, las que han transformado la madera en una daga que se en­tierra en el corazón mismo de los obreros forestales, mapuches y campesinos pobres, plantando pobreza en sus suelos.

El Latifundio: base del Negocio Forestal

Desde el genocidio de la conquis­ta española, como bien retrata José Carlos Mariátegui, la mayor y más aberrante herencia española fue el sistema feudal. En el siglo 19, el imperialismo in­glés se instaló sobre la base del la­tifundio, estableciendo una alian­za con los terratenientes y la naciente gran burguesía de la época, tales como los Besa, Bunster, Cousiño, Cox, Délano, Edwards, Errázuriz, Escobar, Larraín, Lyon, Mac Clure, Matte, Moreno, Santa María y Urrejola.

La concentración de la tierra fue una condición im­puesta por el imperialismo inglés para asegurar sus ganancias monopólicas, pues la repartición de la tierra fortalecería a la burguesía nacional y a las masas populares, amenazando sus intereses. Es decir, la repartición de la tierra entrañaba la consolidación de una nación que hasta el día de hoy continúa en formación. Y esta concentración es la misma que en la actualidad se expresa con nuevas formas en que ha evolucionado la semifeudalidad, pero cuya base sigue siendo el latifundio o gran propiedad.

Un siglo después, en la década del 60, el imperialismo yan­qui impulsó la “Alianza para el Progreso” en los países de América Latina, doctrina política eco­nómica y social que mandató a los gobiernos títeres de la época a llevar a cabo “reformas agrarias”. Pero el objetivo de esta reforma era intentar frenar la lucha campesina que venía con un fuerte acenso en Latino­américa.

En lo fundamental, Eduardo Frei Montalva (DC) y Salvador Allen­de (PS) aplicaron este plan imperialista: la reforma agraria fue en realidad una compraventa legal de tierras por parte del viejo Estado a los latifundistas, algo muy similar a lo que hoy día hace la CONADI. Es decir, no altera su carácter de Estado terrateniente, pues las tierras pasaban de manos privadas a la propiedad estatal, en donde los propietarios no eran los campesinos, sino el mismo viejo Estado.

Así, se impulsó una supuesta “Reforma” Agraria la cual reorganizaba la propiedad de la tierra, pero que en los he­chos mantenía lo fundamental de la semifeudalidad: sobre la base del latifundio o gran propiedad, se mantuvieron las relaciones sociales de producción semiserviles y sujetas a la voluntad de los grandes terratenientes y la hegemonía de estos en el aparato estatal (tanto a nivel regional como local).

El DL 701 de la Junta Militar Fascista

Más adelante, la Junta Militar Fas­cista (JMF) reordenó el naipe de la gran propiedad, restituyendo a los viejos terratenientes las tierras que les habían sido expropiadas, o mejor dicho, compradas. Pero, además, para garantizar su enriquecimiento, la JMF auspició el negocio forestal, ase­gurándoles súper ganancias a los grupos monopólicos a través del Decreto Ley 701 de 1974, subven­cionando entre un 75-90% por árbol plantado. Léase que el financiamiento se realiza con dinero estatal, recaudado en gran parte con los impuestos que todo el pueblo debe pagar forzosamente, lo cual es equivalente a cuando la iglesia recolectaba diezmos entre los campesinos y se los entregaba a los patrones para sus negocios.

El negocio es seguro y rentable, lo que permitió una expansión soste­nida y un aumento del capital ligado también a una cada vez mayor concentración de la tierra. Para la explotación forestal no hay necesidad de crear mayores indus­trias, tecnificar ni capacitar, porque los incentivos ya están saciados. Esta característica del capitalismo burocrático, que se expresa claramente en el negocio forestal se le conoce como carácter rentista. Es decir, los dueños se enri­quecen a costa del saqueo insaciable, sin necesidad de generar una actividad que sea productiva, pues sólo basta con extraer un recurso y exportarlo para generar renta.

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Consecuencias del carácter rentista

En contraste con la abrumante riqueza, existe la indignante explotación y pobreza. Al igual que la minería, la pesca y el negocio del agua, el carác­ter rentista de la actividad forestal generó diferencias grotescas entre, por un lado el campesino pobre y medio, versus las grandes empresas forestales ma­nejadas por la alianza terratenien­te-gran burguesía.

El 70% de los propietarios de la tierra tienen sólo el 10% del total de la superficie de nuestro país, viviendo con un pro­medio de 2 hectáreas. Estos pequeños y medianos propietarios son los que producen los alimentos que se consumen en el campo y la ciudad. Sin embargo, durante los últimos 40 años el 70% de las ganancias se las llevaron las grandes forestales. La muestra representativa de esta cara de la moneda, es la Forestal Arauco (del Grupo Angelini) que concentra cerca de 1,2 millones de hectáreas y Forestal Mininco (Grupo Matte) con 750.000 hectáreas.

Este suculento negocio no creció por la inteligencia de unos iluminados, sino que es el viejo Estado quien les llena los bolsillos a terratenientes y grandes burgue­ses. Junto con ello, el Estado persigue a las masas que luchan por la tierra, buscando despojarlas, aun cuando la tierra re­presenta su casa, fuente de trabajo y cultura para el mapuche y los campesinos en general.

Por todo esto, cientos de miles de campesinos sin tierra tuvieron que reconvertirse rápidamente en obreros forestales. Los que se quedaron con tierras, poco a poco han ido sufrien­do el empobrecimiento y reducción de éstas, siendo igualmente acorra­lados y extorsionados por las em­presas forestales. Eso es un ejemplo de una nueva forma en que evolucionó la semifeudalidad.

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¡El pueblo lucha por la TIERRA!

La actividad forestal en un país semicolonial y semifeudal genera pobreza. Inclusive, el mismo viejo Es­tado a través de la encuesta Casen (2011), se ve obligado a recono­cer que las regiones de mayor actividad forestal, son las que tienen los mayores índices de pobreza: Araucanía (22,9%), Bío Bío 21,5% y Los Ríos (17,5%).

Esta realidad expresa la contradicción principal de nuestro país, ya que por un lado están los intereses de terratenientes y la gran burguesía, opuestos a los intereses del pueblo. Por eso, la lucha de los campesinos sin tierra es una lucha principal. Pero esta rea­lidad también expresa una de las leyes fundantes de la lucha de clases: donde hay opresión, hay rebelión. Sin lugar a dudas, estas regiones son las más combativas y avanzadas de nuestro Chile actual. La lucha liderada por el pue­blo mapuche se ha transformado en la punta de lanza de la recuperación de tierras, la cual representa la tenden­cia histórica de la lucha de clases en esta demanda. Y esta lucha seguirá creciendo mientras siga el avance desproporcionado de la activi­dad forestal, secando surcos, canales y valles, lo que sigue empobreciendo a las masas laboriosas.

Sabemos que el viejo estado seguirá defendiendo los intereses de las cla­ses explotadoras. ¡Cómo no! Entregará migajas al pueblo y buscará desviar su lucha a través de programas que se aprovechan de la necesidad de cultura del pue­blo mapuche. Va a seguir regalando tierras a los que se hacen cómplices de institucio­nes burocráticas y represoras como la CONADI. Nada podemos esperar de las mismas clases que nos explo­tan, quienes, inclusive en medio de los grandes incendios forestales causados en gran parte por su desmedida explotación del suelo, buscan culpabilizar directa e indirectamente al pueblo mapuche y a los campesinos pobres.

¡Nada podemos esperar de las leyes de este viejo Estado! La tierra se seguirá concentrando, porque la base semifeudal y semico­lonial se sigue manteniendo. Por lo tanto, la tarea pendiente es confiscar la gran propiedad de la tierra, utilizando para ello violencia revolucionaria, uniendo en esta lucha a los campesinos pobres mapuche y no mapuche, como un solo puño contra el latifundio y la gran burguesía.

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Autor: Periódico El Pueblo (Chile)

Prensa popular e independiente al servicio de las luchas de los pueblos oprimidos del mundo.

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