¿QUÉ ESCONDE LA REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS?

Contextualicemos la situación: escasez hídrica y sequía

En Chile, el actual código de aguas es la expresión del capitalismo más podrido y atrofiado que existe: el capitalismo burocrático, capitalismo insertado en los países sometidos, por ende atrasados y semifeudales como lo son nuestras naciones latinoamericanas. Una de tantas pruebas de ello es que Chile es el único país en el mundo en el cual el agua es privada, perteneciendo a quien pague los derechos y no como bien común de las personas, algo básico para la alimentación, producción e higiene de la población.

A partir del Atlas del Agua de la Dirección General de Aguas (DGA), Diario El Mostrador rescata algunos datos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo,  “en el país hay 101 cuencas hidrográficas, en 75 de las cuales, entre el 2008 y 2015, se han dictado decretos de escasez hídrica. En otras cuencas la situación ya llego al límite, como en Petorca o La Ligua, donde la situación del agua es insostenible, tal como lo consignan el Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales del año 2013 y el Informe de la Misión de Observación del INDH del año 2014″.

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¿Cambio climático o depredación de la tierra y el pueblo por los monopolios?

Según el Reporte del Estado del Medioambiente (2015), continuando con la información tomada por El Mostrador, se dice que “la demanda de agua excede a la oferta disponible entre las regiones de Arica y Metropolitana; vale decir, la presión sobre las aguas en más de la mitad del país es sumamente alta. De hecho, en regiones del sur del país, como La Araucanía o Los Ríos, la situación hídrica asociada a la presión del monocultivo forestal ha generado déficits hídricos crecientes, afectando la pequeña agricultura y el consumo humano. Asimismo, según el Informe de Desempeño Ambiental de Chile (2016) elaborado por la OCDE, los crecientes estados de emergencia hídrica y agrícola para diversas comunas del país acarrean un creciente gasto para los municipios afectados.

Y según las proyecciones de la Política de Recursos Hídricos 2015, la demanda hídrica crecerá entre un 35% y 60% al año 2025, lo que permite avizorar un crecimiento exponencial de la presión sobre las aguas del país”.

Pero, ¿cuál es el contenido del código de aguas?

El gobierno de la Junta Militar Fascista dirigido por Pinochet creó el Código de Aguas en 1981, el que considera las aguas como un bien principalmente económico. Separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y, de esta forma, la mayor parte de los derechos de agua le pertenecen al privado. Pero no hablamos aquí de cualquier privado, sino de grandes empresarios acaudalados, dueños de empresas agroexportadoras y terratenientes dueños de latifundios, grandes extensiones de tierras usufructuadas al pueblo mapuche y que ahora se encuentran en conflicto para ser recuperadas. A grandes rasgos, el código de aguas significa que el Estado traspasa los derechos de agua a los privados, de forma gratuita y a perpetuidad. Y esto, a su vez, genera un mercado del agua donde se transa como un bien más, acaparado, robado y concentrado cada vez más por los monopolios. Todo esto se encuentra respaldado por la Constitución de 1980 redactada por Jaime Guzmán, la que establece el agua como un bien privado.

En teoría, los derechos de agua están repartidos en miles de usuarios. Sin embargo, el caudal que ostenta cada propietario es lo que hace la diferencia, además del poder local o regional que tenga cada “privado”. Bajo esta máscara -la de “privado”-, el gobierno y la “oposición” hacen creer a todo el mundo que les preocupa el pequeño y mediano campesino o como le llaman a algunos, pequeño o mediano empresario agrícola.

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¿Qué es la reforma en el código de aguas y qué hay detrás de esto?

El gobierno de Bachelet plantea 4 puntos fundamentales de la reforma al código de aguas: 1) El uso prioritario del agua para el consumo humano, algo que alguien podría pensar que es mínimo y “obvio”, pero que “no estaba en la ley”; 2) Aquellos que están “utilizando bien” los derechos de agua mantendrán esos derechos; 3) En caso de que alguien “acapare derechos de agua” y no los utilice, los derechos caducan y vuelven a la cuenca “para que los usen aquellos que sí los necesitan”; 4) Hay que cuidar el medio ambiente y las cuencas de los ríos.

Estos “pilares” de la reforma no hacen más que demostrar que todo seguirá igual con el código de aguas de Pinochet. ¿Por qué?, en resumen, porque se mantiene el agua para los “privados” y solo afecta a los que no la utilizan, pudiendo revocarse esos derechos ahora. ¿Y quiénes serán los que no la utilizan? Según el Estado, los pequeños y medianos campesinos.

En la reforma, el agua mantiene la figura de privada en el 90% de sus derechos de uso –que ya han sido asignados, esto aunque en una serie de artículos se modifique el concepto de “titularidad” por “dueño”.

El  Movimiento por la Defensa del Agua (MODATIMA) afirmó hace algún tiempo: “Si la reforma no es capaz de modificar la esencia de la actual legislación, que superpone el lucro y el derecho de propiedad sobre las aguas por encima del derecho humano y el bien común, entonces, la reforma que se vota sigue favoreciendo a quienes controlan el mercado de las aguas y, por lo tanto, consagra la desigualdad”. Así lo consigna El Mostrador.

Además de lo anterior, podemos señalar que se la reforma mantendrá intactos los mismos problemas antes de ser aplicada, tal como que el Estado tiene poca capacidad para enfrentar problemas que atañen al “mercado del agua”. Por ejemplo, quien reparte el agua es la DGA y esta nisiquiera tiene la potestad de resolver conflictos de agua. Esto sucede porque los derechos de agua pasan a ser bienes privados y debe solucionarse en los tribunales civiles.

Como ya se señaló, el monopolio del agua radica en el porcentaje de caudal disponible respecto del total, diferente a los derechos de agua propiamente tal. Al igual que en otros países semifeudales, las grandes empresas y/o latifundistas no son regularizados y fiscalizados, bien conocidos son los casos de desviaciones artificiales de los cursos de ríos, construcción de obras ilegales, apertura de canales que llegan a latifundistas fuera de sus horarios y cierre ilegal de las compuertas con destino a regar las tierras campesinas. Tampoco considera las dinámicas hídricas subterráneas.

Por último, Chile continúa siendo el único país en el mundo donde hay que pagar los derechos de agua, siendo un bien privado que se transa en el mercado y negando el agua a las personas que en muchas ocasiones la necesitan, producto de sequias o su nulo acceso.

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Situación actual

La Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado aprobó por 3 votos contra 2 el proyecto de reforma al código de aguas que ya fue despechado por la Cámara Baja.

En el Senado al igual que lo fue en la cámara de Diputados, hay una falso debate entre Chile Vamos y la Nueva Mayoría, ya que la primera apela a que es inconstitucional “por contravenir derechos como el derecho de propiedad y el principio de dominio”. Este debate es una fachada porque la reforma no cambia en nada el carácter privado del agua -entendido, además, como gran privado ya que en Chile dominan los monopolios-, sino que solo alude a un resquicio de caducar los derechos de agua a privados que no la utilicen. Esto nos demuestra que las dos coaliciones de la política burguesa en Chile son exactamente lo mismo y debaten por pequeñas cosas que pueden afectar sus campos y sus empresas, pero nada del problema estructural. Por eso hablamos reiteradamente de que son un Partido Único que defiende intereses de imperialistas, grandes burgueses y latifundistas.

Hacemos un llamado a defender el agua como un bien del pueblo y no de empresas monopolistas y revocar el código de aguas que establece este vital elemento como una mercancía. No seamos más el único país del mundo donde los derechos de agua son privados, ¡a luchar por el elemento vital para el pueblo! ¡No al código de aguas, ni a su reforma que mantiene el agua como propiedad privada monopólica al servicio de los latifundistas y la gran burguesía!

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Autor: Periódico El Pueblo (Chile)

Prensa popular e independiente al servicio de las luchas de los pueblos oprimidos del mundo.

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