TALLER ANTIREPRESIVO AL SERVICIO DE LAS LUCHAS DEL PUEBLO

El Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo (CDP) está realizando Talleres Antirepresivos que son de gran utilidad para toda persona u organización que utilice distintas formas de manifestarse por sus demandas. Es en este contexto que ayer, sábado 17 de junio, se llevó a cabo el Taller Antirepresivo en la Biblioteca Cecilia Magni de Maipú.

Los compañeros del Comité de Defensa del Pueblo comenzaron explicando quienes son: un grupo de abogados y estudiantes de derecho, que tienen como principios ser una organización antielectoral, que pone su conocimiento a disposición de las luchas del pueblo.

El Estado no es neutral: es una dictadura de grandes burgueses y latifundistas

En este Taller, el CDP explicó cómo en los últimos 4 años hay un aumento de la represión por parte del Estado y que este aparato de las clases dominantes en ningún caso es neutral. Para graficar esto, compararon los casos del robo millonario de La Polar (2011) con el de un sindicato que decide hacer una huelga. En el primer caso, no sólo quedaron libres los imputados por el millonario robo, sino que además el Estado le entregó dinero a La Polar para que siguiera funcionando. En cambio, cuando los trabajadores de una empresa deciden hacer una huelga, el Estado les envía Fuerzas Especiales y los persigue.

Pero eso no es todo, ya que para aparentar igualdad, el Estado crea el Poder Judicial, bajo la falacia que “todos somos iguales ante la Ley”. Pero el poder judicial es un poder judicial al servicio de las clases explotadoras que persigue a los que luchan e incluso en él se expresa también la opresión a la mujer, que además de ser golpeadas al momento de su detención, muchas veces son abusadas sexualmente.

El Poder Judicial está hecho para juzgar a los acusados sin contar con más pruebas que los propios relatos de los policías. Toda su estructura busca, al mismo tiempo, generar que el detenido se sienta apocado y cohibido frente a toda la burocracia de funcionarios que habla en un lenguaje que pocos entienden y recurren a leyes que muchos desconocen.

En el Comité de Defensa denuncian que junto al aparato Policial y Judicial actúa el Instituto de Derechos Humanos, que muchas veces actúa impidiendo que los abogados del pueblo puedan acceder a la defensa de los manifestantes. ¿De qué manera lo hacen? Pasando por las comisarias preguntando “si el o los detenidos están bien”. La policía les contesta que sí y tan sólo con eso ellos se van. No verifican nada. Así, cuando después llega un abogado del pueblo, la policía le contesta que no puede entrar, que ya pasaron los abogados de Derechos Humanos y que, por lo tanto, los detenidos no necesitan más abogados. Por si fuera poco, los abogados de Derechos Humanos se han negado a entregar a los abogados populares grabaciones de vejaciones y torturas a los detenidos. Debemos tener siempre presente que el Insituto de Derechos Humanos es dirigido por este viejo Estado, bajo lineamientos de la ONU, los que a su vez vienen directamente del imperialismo yanqui.

¿Por qué ha aumentado la represión?

El Estado ha ido modiifcando la Ley a medida que avanza la protesta, sobretodo en la Araucanía, donde está más avanzada la lucha de las masas.

Después de la masiva protesta estudiantil del 2006, el 2008 entró en vigencia el control preventivo de identidad, sin la necesidad de la orden del fiscal. Además, este control de indentidad se extiende a 8 horas.

Desde el 2008, el fiscal puede acusar aunque la detención haya sido ilegal. Esto es de suma gravedad, toda vez que es el fiscal es quien dirige la investigación.

Desde el 2016 se amplió la detención preventiva para quien sea acusado de agredir a Carabineros. También aumento la penalidad para maltrato de obras a Carabineros y se aprobó el control de identidad a cualquier mayor de edad. Estas medidas, de carácter fascista, apuntan a criminalizar la protesta y desmovilizar a las masas, entregando más facultades a la policía, ya que sólo basta su relato para que estas acusaciones se hagan efectivas.

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400 TRABAJADORES DE PANELES ANGOL EN TOMA

400 trabajadores de Paneles de Angol, propiedad de Empresas Tromen, se encuentran apostados hace 19 días en las afueras de la empresa, impidiendo que saquen materiales hasta que no se regularice su  situación laboral.

Declaran que la empresa los envió con vacaciones colectivas hasta el 19 de este mes, en pleno desarrollo de negociaciones con el sindicato y, al día siguiente, la empresa se declaró en quiebra. De todos esto se informaron a través de un diario mural donde se publicó la noticia. No han recibido pago de su último mes, ni les han cancelado las cotizaciones. No pueden comprar bonos para llevar a sus hijos al médico, mientras algunos trabajadores declaran tener 9 meses de cotizaciones impagas

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Hombres y mujeres de todas las edades se encuentran a las afueras de la empresa, impidiendo la entrada de camiones que buscan el retiro de los materiales. Se organizan por turnos, dicen que ya ha pasado mucho tiempo y que tendrán que radicalizar sus medidas. A comienzos de esta movilización cortaron carretera, de manera flexible, dicen ellos, porque dejaron pasar a varios vehículos. También se dirigieron a la Inspección del Trabajo y a las afueras del edificio de la gobernación ubicado en Angol. Hoy están dispuestos a más y a mostrar las injusticias que están viviendo.

Piden que se les finiquite para poder buscar trabajo y cobrar su seguro de cesantía, mientras denuncian que el síndico de quiebra no se ha presentado, dilatando el proceso.

Además, nos indicaron que parte de la maquinaria es propiedad del Banco Itaú, o sea, del capital financiero.

Paneles Angol, Empresas Tromen y el multirut

Los trabajadores declaran que las negociaciones colectivas se ven debilitadas al existir el multirut para el caso de Paneles y que ellos, a diferencia de los trabajadores de Tromen, son los únicos que se encuentran en esta situación, ya que las otras empresas fueron vendidas y sus trabajadores finiquitados. Los trabajadores de Paneles ven debilitada su capacidad de negociación al verse desvinculados de las otras sucursales de Tromen.

El grupo de empresas Tromen tiene sus inicios a comienzos de la década de los noventa, con la instalación del aserradero Forestal Tromen, su primera planta en el Parque Industrial Escuadrón de la ciudad de Coronel. Su producción está orientada a mercados de exportación, tales como Medio Oriente, Japón, EE.UU., México y otros.

Empresas Tromen está asociada a CORMA, la que agrupa a los gremios patronales de la madera, teniendo a su favor las leyes y la asesoría legal que ampara su arbitrario actuar, han pisoteado a los trabajadores  y salvado sus propios intereses a costa de la miseria de 400 familias. Los trabajadores declaran estar desamparados frente a este monstruo de la madera, el que actúa bajo impunidad y amparo de las leyes del viejo Estado.

NOTICIA EN DESARROLLO…

POBLADORES DE RENAICO: “ESTAMOS CANSADOS QUE NADIE NOS ESCUCHE”

Vecinos de Renaico denuncian negligencia en la construcción de sus casas, las que fueron adquiridas con gran esfuerzo.

Nicole Pezo y Wladimir Cea, conforman un joven matrimonio de Renaico, quienes recibieron su vivienda social en abril del 2016 con un  poste en el antejardín de su casa. Ellos son una de las dos familias que se encuentran en esta situación, lo que imposibilita la instalación de una reja, dejando el ingreso de vehículos y la vivienda desprotegida. Los dueños acusan robos y se sienten vulnerables al no tener reja.

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Renaico, límite norte de la región de la Araucanía

Las gestiones realizadas en la Municipalidad de Renaico, a cargo del alcalde Juan Carlos Reinao Marilao, no han llevado a ninguna solución. La encargada de obras: “les pide paciencia”, como si no la hubieran tenido durante todo este año.

Por su parte, Frontel, empresa encargada de la distribución eléctrica, desconoce su responsabilidad y no da soluciones. Ni la constructora ni la Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) se hacen cargo, sabiendo del caso desde el mismo momento en que se entregaron las viviendas a las familias, quedando en tierra de nadie el problema de estos pobladores.

Declaran tener rabia e impotencia: “(…) no hemos sido escuchados, dicen que nos conformemos con lo que tenemos, pero estas casas no son un regalo, pues pagamos por ellas y no aceptaremos que se exponga lo poco y nada que tenemos. Creemos que la responsable es la constructora que no fiscalizó al momento de entregar las casas. La municipalidad también tiene su parte, Dirección de Obras no cumplió su trabajo, puesto que tenían conocimiento del problema desde abril del 2016. Ellos no tienen el problema de nosotros, por eso no se mueven. No tenemos tiempo para ir a la municipalidad a cada rato, tenemos que trabajar. Estamos cansados de que nadie nos escuche, queremos demandarlos, juntarnos y reclamar por los derechos que nosotros tenemos… guagua que no llora no mama, la unión hace la fuerza, daremos a conocer el caso”. Creen que deben tomar otras medidas que presionen tanto al municipio como a la constructora.

Revisando la página de la comuna en su sección de “Departamentos”, dimos con un artículo de Dirección de Obras Municipales y en el ARTÍCULO 26 se señala: “LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES (DOM) depende directamente del alcalde. Su objetivo es procurar el desarrollo urbano comunal y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan las construcciones y las obras de urbanización que se ejecuten en el territorio comunal”. Patricia Saldivia Sotomayor, a cargo de Dirección de Obras Públicas, autorizó la entrega de estas viviendas sin una seria fiscalización, permitiendo que ese poste estuviera dentro de la vivienda de esta familia.

La indiferencia e indolencia de la Municipalidad muestran claramente la displicencia del viejo Estado con los problemas de las masas, quien no da respuestas a las demandas de los trabajadores de nuestro país. Claramente, nadie le regaló la vivienda a este poblador, es más, la ha pagado con creces, por lo que su demanda es justa, como así también la necesidad de radicalizar sus posiciones frente a una municipalidad que permite que el derecho a una vida digna sea pisoteado.