Traducimos de AND (Brasil) la cuarta parte de la serie de artículos correspondientes a la estructura agraria de América Latina, la que está dividida en 5 y que serán publicadas todos los jueves. Estos tienen la intención de ofrecer a los lectores una visión integral de la cuestión agraria campesina en los países que componen América Latina. El autor es Vinicius Alves.
Para ver la primera parte, donde se abordó el papel del modelo agroexportador, haz click aquí.
Para ver la segunda parte, donde se abordó la distribución de tierra en la región y la relación con la desigualdad, haz click aquí.
Para ver la tercera parte, donde se abordó la relación entre la tenencia de la tierra y el poder político económico, haz click aquí.
El presente texto es la parte 4 del artículo Panorama de la Estructura Agraria en América Latina, que traza un breve relato de algunas experiencias de «reforma agraria» en la región, tales como la de Brasil, Bolivia, México, Nicaragua y Perú.
Reforma agraria versus Revolución Agraria
Al analizar el desarrollo de las estructuras agrarias de los países latinoamericanos, Oxfam destaca que ningún proceso de reforma agraria ha logrado una transformación profunda y duradera de la propiedad de la tierra. Se citan las experiencias de México (década de 1910), Perú (1969), Nicaragua (década de 1980), Bolivia (1953-1954), Paraguay (1963), Brasil (a partir de 1985), Guatemala (1996) y El Salvador (1992).
En México, la reforma agraria, fruto de un proceso revolucionario basado en el lema «tierra para quien en ella vive y trabaja», realizó a lo largo de la década de 1910 la expropiación de latifundios y la entrega de las tierras a la población, conformándose los ejidos – propiedad colectiva, intransferible, inalienable e innegociable – y comunidades campesinas, en las que la propiedad era estatal. Sin embargo, a lo largo de las décadas siguientes, los avances obtenidos fueron siendo gradualmente removidos. En 1992, los ejidos pasan a ser vendidos. En 2007, el 1% de las grandes explotaciones concentraba el 56,02% de las tierras, mientras que el 99% restante concentraba el 43,98%.
En el Perú, el gerenciamiento militar fascista de Juan Velasco Alvarado (1968-1975), que llegó a la cabeza del viejo Estado tras un golpe en octubre de 1968, distribuyó entre 1969 y 1975 10 millones de hectáreas de tierras expropiadas del latifundio a los trabajadores. En las décadas siguientes ocurrió una reconcentración de la tierra en manos de los terratenientes (latifundistas).
En Nicaragua, entre 1979 y 1990, los gerenciamientos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) redistribuyeron el 25% de las tierras del país a empresas estatales, cooperativas y familias campesinas. En la década de 1990, gran parte de las cooperativas habían desaparecido. En 2014, las pequeñas propiedades, que eran el 70,8% del total de las explotaciones agropecuarias, ocupaban apenas el 10,7% de las tierras. Por otro lado, el 1% de las grandes explotaciones concentraban el 24,63% de las tierras.
En Bolivia (1953-1954), las tierras entregadas por el viejo Estado nunca llegaron a las manos de aquellos que en ella viven y trabajan. Sólo el 8% de las tierras fueron distribuidas a campesinos y pequeños propietarios durante las décadas de reforma agraria.
En Paraguay, el régimen militar fascista de Alfredo Stroessner (1954-1989), realizó una «reforma agraria» que distribuyó tierras a grandes empresarios, políticos, militares y funcionarios de alto rango en los órganos del viejo Estado. En ese período, éstos recibieron cerca de siete millones de hectáreas de tierras, siendo el 64% vía «reforma agraria».
En Brasil, según los datos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), el gerente Sarney (1985-1989) asentó 89.950 familias; Fernando Collor e Itamar Franco (1990-1994) asentaron a 60.188 familias; La gestión FHC / PSDB (1995-2002) 540.704 familias; Lula / PT (2003-2010) 614.088 familias; Y Dilma / PT en el primer mandato 107.354 familias. Sin embargo, los números del INCRA son incoherentes. Según el artículo de Ariovaldo Umbelino de Oliveira, los gerenciamientos de Lula asentaron 215 mil familias y Dilma en el primer mandato 31 mil familias. Números exiguos frente a la demanda nacional.
En El Salvador y Guatemala, los «acuerdos de paz», firmados respectivamente en 1992 y 1996, tenían como clausulas la reversión de una de las causas estructurales de las guerras civiles, la extrema concentración de la tierra en manos de los terratenientes. Dos décadas después, prácticamente nada cambió en la estructura agraria de esos dos países de Centroamérica. En El Salvador, el latifundio concentraba el 28,6% de las tierras, mientras que en Guatemala el 47,96%.
Se debe hacer un paréntesis para registrar que el «acuerdo de paz» entre el viejo Estado colombiano y las FARC también trae como uno de los puntos de la negociación la distribución de la tierra. En el «acuerdo» se habla de una «reforma rural integral», con la regularización de las pequeñas y medianas propiedades rurales.
En países como Bolivia, Brasil y Ecuador, la Constitución permite al viejo Estado expropiar tierras que no cumplan su función social. Sin embargo, el «sacrosanto» derecho a la propiedad privada está por encima del derecho colectivo, el interés particular por sobre el interés general. «Es mucho más probable que una comunidad sea desalojada para dar paso a una industria extractiva a que un terrateniente sea expropiado para distribuir la tierra entre familias campesinas», subraya Oxfam.
Estos ejemplos ilustran que el poder latifundista ha impuesto toda su influencia para bloquear o revertir los avances redistributivos que lograron algunos procesos de reforma agraria, principalmente aquellos frutos de luchas armadas.
«Transformar las estructuras de propiedad de la tierra significa enfrentar el poder y alterar un orden social que está enraizado en una cultura que es más cercana al feudalismo que a una democracia moderna donde se menosprecia, explota y discrimina a las personas que trabajan la tierra» dice el estudio.
El letargo en la demarcación de las tierras indígenas
El estudio de Oxfam permite verificar que Brasil no es el único país de la región en el que la demarcación de las tierras indígenas está prácticamente paralizada.
En Perú es más rápido obtener una licencia para una explotación mineral que una comunidad indígena obtenga su derecho legalmente reconocido sobre el territorio. Para una regularización del territorio, una comunidad indígena debe desarrollar 27 etapas con un período de espera de una década para ver su territorio regularizado. En cambio, una explotación mineral precisa enfrentar 7 etapas y esperar 3 meses para obtener la concesión. Como resultado, entre 2007 y 2015 fueron regularizados 50 territorios indígenas, mientras que han sido aprobados más de 35 mil concesiones minerales, dígase de paso, muchas de ellas en territorios indígenas.
La casi paralización de las demarcaciones de tierras indígenas está relacionada con la expropiación de las tierras para las actividades económicas. «Una de cada tres hectáreas que se entregó en concesión para una explotación mineral, petrolífera, agroindustrial y forestal en América Latina – como en otras regiones del mundo – pertenecen a pueblos indígenas. La expansión minera y petrolífera en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, donde cada vez son más frecuentes y agudos con los habitantes indígenas, afectan a sus territorios o alteran las fuentes de agua de las cuencas de las que dependen. En Colombia, las plantaciones de banano y aceite de palma se han instalado sobre las tierras de las que fueron expulsadas violentamente las comunidades afrocolombianas», denuncia Oxfam.
Camino burocrático versus camino revolucionario
La causa del fracaso de las reformas agrarias y de las demarcaciones de territorios indígenas está en el hecho de no haberse enfrentado al poder latifundista y destruido su base, que es el latifundio, lo que sólo es posible con la Revolución Agraria, como parte integrante de la Revolución De Nueva Democracia ininterrumpida al socialismo.
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