PANORAMA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN AMÉRICA LATINA – PARTE III

Traducimos de AND (Brasil) la tercera parte de la serie de artículos correspondientes a la estructura agraria de América Latina, la que está dividida en 5 y que serán publicadas todos los jueves. Estos tienen la intención de ofrecer a los lectores una visión integral de la cuestión agraria campesina en los países que componen América Latina. El autor es Vinicius Alves.

Para ver la primera parte, donde se abordó el papel del modelo agroexportador, haz click aquí.

Para ver la segunda parte, donde se abordó la distribución de tierra en la región y la relación con la desigualdad, haz click aquí.

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El presente texto es la tercera parte del artículo Panorama de la Estructura Agraria en América Latina, el que hace un análisis de la relación entre la tenencia de la tierra y el poder político-económico.

Tierra y poder

El monopolio de la tierra es fuente de poder político y económico. La disputa por la tierra siempre ha sido una disputa por poder. El control de esta por las clases dominantes reaccionarias se ejerce principalmente mediante la violencia. El que ejerce el control de la tierra decide sobre su uso y determina el destino de los beneficios de su explotación.

Las clases dominantes, especialmente los terratenientes, han utilizado su poder para influir en las decisiones políticas y reguladoras que afecten a sus intereses en torno a la tierra. Además, los monopolios nativos o extranjeros, instrumentos de dominación del imperialismo, han aumentado su actuación en el sector agropecuario en la región aquí analizada.

Un conjunto de factores ha atraído el interés de los monopolios extranjeros en América Latina, tales como: la demanda insaciable por materias primas y energías por las potencias imperialistas, el precio más bajo de la tierra, la disponibilidad de agua, beneficios fiscales, subsidios, facilidades en la remesa de los beneficios hacia el exterior, legislaciones ambientales y laborales frágiles, etc.

Los monopolios ejercen su dominio a través de un complejo sistema de relaciones políticas, económicas (comerciales y financieras), legal e ilegal, lícito e ilícito. La participación no siempre es evidente.

El estudio de Oxfam destaca la dificultad de saber quiénes son los propietarios de las tierras en la región, ya que la oscuridad de las transacciones, el uso de sociedades fantasmas, la titulación a nombre de terceros, el secreto y las barreras burocráticas en los órganos de los viejos Estados que administran los catastros y los registros de la propiedad crean un escudo que oculta la verdadera identidad de los propietarios.

Un conjunto de factores aislados que conjuntamente posibilitan el dominio completo de la tierra y de sus recursos naturales por los monopolios, tales como: el control de los flujos de capitales del mercado vía acción monopolista, de las acciones de un rol de empresas; La creación de filiales; Los acuerdos con empresas nativas, latifundistas y hasta campesinos; La influencia en las decisiones de los organismos internacionales (OMC, G7, G20, etc.) y de los gerenciamientos (“gobiernos”, nota nuestra) de turno sobre las medidas y los marcos normativos que afecten sus intereses.

El control ejercido por los monopolios se hace en toda la cadena productiva (producción, circulación y comercialización). Por ejemplo, las materias primas agrícolas producidas son adquiridas por las multinacionales, que se ocupan de su recolección, procesamiento y distribución en el mercado mundial. Este mercado ha sido dominado por el oligopolio del “ABCD”, integrado por ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, que juntas comercializan gran parte de los alimentos producidos y consumidos en el mundo y, en años recientes, ha controlado casi tres cuartas partes del comercio mundial de granos.

En 2014, en Paraguay, el oligopolio compuesto por Cargill, ADM, Bunge, Compañía Paraguaya de Granos, Noble, Grupo Favero y Louis Dreyfus, ordenados según el grado de importancia, concentró más del 80% de las exportaciones de soja y derivados. Las empresas tenían sus propias infraestructuras de transporte y almacenamiento, incluyendo silos, embarcaciones y puertos en todo el país.

En Bolivia, la exportación de la soja y derivados era controlada por cuatro empresas, que juntas exportaban el 77% de los granos en el país: Gravetal, de Venezuela (31%), Fino, de Perú (22%), ADM (13%) y Cargill (11%).

Es decir, los monopolios extranjeros son los que deciden qué, cómo, cuándo y cuánto producir, así como son quienes se apropian de los mayores beneficios de la explotación de las tierras.

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Latifundios, monopolios y el sistema político

Los terratenientes y los monopolios han ejercido fuertes presiones sobre los gerentes de turno y parlamentarios para que éstos adopten medidas políticas que atiendan sus intereses, además de financiar campañas electorales a cambio de favores.

Por ejemplo, en Perú, Ollanta Humala (2011-2016), que llegó a la gerencia federal del viejo Estado con un discurso de “cambio social”, se alió a las clases dominantes, que antes criticaba. Humala nombró agentes de los monopolios para la administración estatal, además de aprobar un “paquetazo” (de medidas gubernamentales, nota nuestra) que privilegió a las mineras, como la flexibilización de los procedimientos de aprobación de estudios ambientales y arqueológicos y la utilización de tierras comunales campesinas.

En Brasil, la bancada latifundista, defiende los intereses de esa clase en el Congreso Nacional. Esta bancada ha sistemáticamente bloqueado cualquier acción estatal de expropiación de inmuebles rurales que no cumplan su función social, tal como establece la propia Constitución burguesa. También rechazan la demarcación de territorios indígenas y quilombolas (refugios de esclavos africanos, nota nuestra).

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Monopolio de la tierra y desigualdades

El monopolio de la tierra es tanto una herencia colonial como un cáncer actual. Históricamente, las oligarquías latifundistas, designadas en algunos países como terratenientes, y más recientemente, los monopolios, controlan la tierra, sus recursos y la riqueza generada a partir de ella.

La distribución desigual de las tierras es un problema estructural en toda América Latina, resultado de la ausencia de revoluciones democráticas victoriosas, que distribuyesen e incentivaran el uso de la tierra de forma productiva, contribuyendo al desarrollo de la economía y de la nación.

La concentración de la tierra es un obstáculo para el crecimiento económico de la región, además de ser una de las principales causas de las desigualdades económicas y sociales enfrentadas por sus pueblos. Según Oxfam, las 32 personas más ricas en América Latina concentraban la riqueza equivalente a los 300 millones más pobres, siendo que el 64% de esta riqueza proviene de activos no financieros, destacándose el control de la tierra.

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Los terratenientes tienen una serie de privilegios fiscales en la región. Según el estudio aquí utilizado, los impuestos sobre la propiedad de la tierra suelen ser irrisorios debido a tres razones. En primer lugar, “los valores catastrales suelen estar muy por debajo del valor real de mercado y no se actualizan con suficiente frecuencia”. En segundo lugar, “las tasas con que se marca la propiedad rural suelen ser muy bajas y regresivas”. Y tercero, “los gobiernos locales […] a menudo están bajo el control de las élites locales que son propietarias de tierra, que pueden bloquear la aplicación de sistemas impositivos más justos y eficientes”.

Esto contribuye a la improductividad del latifundio y al mantenimiento del carácter especulativo de la tierra, además de negar al acceso a la tierra a millones de campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes.

La democratización de la tierra significa una mejor distribución de los recursos, generando más empleos en las áreas rurales, distribuyendo mejor la riqueza y, por lo tanto, contribuyendo significativamente a reducir la pobreza y las desigualdades. Las pequeñas producciones pueden ser más productivas por hectárea que las grandes cuando existen las condiciones adecuadas.

 

 

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