CONCENTRACIÓN DE RIQUEZA SE PROFUNDIZA EN EL MUNDO

Tomamos este importante y conciso artículo respecto a la superconcentración económica mundial. El autor es Vinicius Alves, quien lo escribió para el periódico democrático brasileño A Nova Democracia.

¡Las ocho personas más ricas del mundo tienen la riqueza equivalente a 3.600 millones de personas! Esta es una de las constataciones presentes en el informe “Una economía para el 99%”, publicada por Oxfam en enero de este año. Este dato evidencia el grado de concentración y centralización de la riqueza generada por el imperialismo y expone su carácter parasitario.

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La concentración se intensifica

“El capitalismo, en su fase imperialista, conduce a la socialización integral de la producción en sus más variados aspectos […] La producción pasa a ser social, pero la apropiación es privada. Los medios sociales de producción siguen siendo propiedad privada de un reducido número de individuos”, destaca Lenin, en la obra “El imperialismo, fase superior del capitalismo”, escrita en 1916 y publicada en 1917. Al analizar los datos del 2016 proporcionados por Oxfam, se verifica que los 1.810 billonarios del mundo -89% de ellos hombres- poseían un patrimonio de 6,5 billones de dólares yanquis, la misma riqueza que el 70% más pobre de la humanidad.

En el 2016, las 793 personas más ricas del mundo tenían una riqueza total de 5 billones de dólares. En 2009, los 793 billonarios que existían en el mundo en la época, tenían una riqueza neta total de 2,4 billones de dólares. Es decir, la cima de la pirámide social se estrechó y la riqueza se concentró aún más.

Según la misma entidad, en el 2016, 8 hombres tenían la riqueza equivalente a la mitad más pobre del mundo, es decir, 3.600 millones de personas. Este selecto “G-8”, poseía una riqueza neta de 426.000 millones de dólares. En 2014, 85 personas tenían la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad.

Este club selecto de la oligarquía financiera estaba compuesto por los yanquis Bill Gates (75 billones de dólares), Warren Buffet (60,8 billones de dólares), Jeff Bezos (45,2 billones de dólares), Mark Zuckerberg (44, 6 billones de dólares), Larry Ellison (43,6 billones de dólares) y Michael Bloomberg (40 billones de dólares), además del español Amancio Ortega (67 billones de dólares) y del mexicano Carlos Slim (50 billones de dólares).

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Desde la década de 1990, la renta del 1% más rica fue más alta que la renta del 50% más pobre. Entre 1988 y 2011, el ingreso del 1% más rico aumentó alrededor de 11.800 dólares, mientras que la renta del 10% más pobre aumentó alrededor de 65 dólares, es decir, 182 veces menos. Por ejemplo, en USA, en las últimas tres décadas, la renta del 50% más pobre permaneció inalterada, pero la de los 1% más ricos aumentó un 300%.

El grado de parasitismo del imperialismo llegó a tal nivel, que el 1% más rico del mundo, la flor de la oligarquía financiera -esta capa social parasitaria y rentista, que succiona la plusvalía extraída de los trabajadores y trabajadoras-, concentraba más riqueza que el resto del planeta, “solamente” 7 mil millones de personas.

Para aquellos que creen en los criterios de la meritocracia burguesa o del mito de que si usted trabaja mucho y duro, utilizando sus habilidades y talentos, siendo “proactivo”, “emprendedor”, “creativo” y “pensando fuera de la cajita” (“pensar libre de las amarras convencionales”, nota EP) se enriquecerá, la realidad los traicionará, ahogándolos en un mar negro de (des) ilusiones. Casi la mitad del patrimonio de los multimillonarios fueron frutos de herencias. Favorecimientos políticos y nepotismo (favores hacia amigos o familiares, nota EP) también contribuyen al enriquecimiento de la gran burguesía.

En las próximas dos décadas, 500 personas deberán transferir a sus herederos una cantidad superior a 2,1 billones de dólares, un valor superior a la gran parte de los Productos Internos Brutos (PIB) de los países semicoloniales.

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El 1% más rico controla el 46% de la riqueza mundial. “Pero no es suficiente” dice la caricatura del burgués.

Oportunidades creadas por la crisis

En los períodos de crisis económicas se profundizan los procesos de concentración y centralización del capital y de la riqueza. Según Lenin, en la obra ya citada, “las crisis de toda especie, sobre todo las crisis económicas, pero no sólo éstas, aumentan a su vez en proporciones enormes la tendencia hacia la concentración y el monopolio”.

Hay dos ejemplos ilustrativos de esta afirmación. Por ejemplo, en 2016, el ingreso neto de las 10 mayores empresas del mundo fue superior al PIB de 180 países juntos, en su mayoría semicolonias, principalmente situadas en África, Asia y América Latina.

PANORAMA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN AMÉRICA LATINA – PARTE V

Traducimos de AND (Brasil) la parte final de la serie de artículos correspondientes a la estructura agraria de América Latina. Estos tienen la intención de ofrecer a los lectores una visión integral de la cuestión agraria campesina en los países que componen América Latina. El autor es Vinicius Alves.

Para ver la primera parte, donde se abordó el papel del modelo agroexportador, haz click aquí.

Para ver la segunda parte, donde se abordó la distribución de tierra en la región y la relación con la desigualdad, haz click aquí.

Para ver la tercera parte, donde se abordó la relación entre la tenencia de la tierra y el poder político económico, haz click aquí.

Para revisar la cuarta parte, donde se abordaron algunas experiencias de “reforma agraria” en la región, haz click aquí.

El presente texto es la quinta parte y última del artículo Panorama de la Estructura Agraria en América Latina, que aborda el recrudecimiento de la violencia en los conflictos por la tierra y territorio, y la resistencia de los pueblos del campo.

VIOLENCIA SISTEMÁTICA Y ACTUAL

La disputa por la tierra en América Latina ha generado a lo largo de los siglos innumerables enfrentamientos internos. La represión y criminalización de las luchas por la tierra y el territorio es un estándar común en la región.

El modelo agroexportador es un fomentador de conflictos territoriales y de desigualdades. La expansión de ese modelo ha contribuido al aumento de los índices de violencia contra las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, poblaciones extractivas, entre otros grupos que dependen de la tierra para vivir y trabajar. Estos son agredidos, perseguidos, expulsados, criminalizados, detenidos, asesinados por defender sus derechos a tierra y territorio, y por resistir valiente a las actividades que atentan contra sus medios de vida y trabajo.

El avance del modelo agroexportador se alía a la negación sistemática de los derechos de las poblaciones rurales -que sólo existen en las letras muertas de las leyes- y la adopción de políticas que favorezcan a las clases dominantes, contribuyendo al agravamiento en el cuadro de violencia en América Latina.

La represión se ha intensificado en las últimas décadas, manifestándose principalmente en el aumento en el número de personas asesinadas.

“La creciente persecución y criminalización de comunidades campesinas e indígenas, mujeres y hombres en defensa de la tierra y de los recursos naturales forma parte de una estrategia de represión que se extiende por toda América Latina. Es posible reconocer tácticas comunes muy preocupantes, tales como la militarización de los territorios con estados de excepción cada vez menos excepcionales, la participación en de agentes de seguridad privada y grupos criminales junto a las fuerzas policiales y militares en los desalojos , la instrumentalización del aparato de justicia para deslegitimar la protesta social”, subraya Oxfam.

En 2015, según Oxfam, América Latina fue la región del mundo en la que más se mataron personas en conflictos agrarios: 122 personas asesinadas de las 185 registradas en el mundo. Obviamente este número es subestimado, teniendo en vista que muchos casos no se registran o no son tratados como conflictos agrarios. Brasil lideró los rankings mundiales y regionales de asesinatos, con al menos 50 muertos, casi la mitad de ellos en Rondônia.

En el campo, la impunidad y la acción selectiva del poder judicial hacen que la mayoría de los crímenes cometidos contra las poblaciones rurales ni siquiera sean registrados, lo que imposibilita conocer la dimensión real de la violencia, además de retroalimentarla.

Para una familia campesina perder la posesión de la tierra significa tener que adquirirla o depender de un trabajo asalariado, casi siempre temporal y precario, para asegurar la alimentación y otras necesidades básicas. Para los pueblos indígenas y afrodescendientes, la tierra no sólo presenta un valor económico, consiste en la base material de su identidad cultural.

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8º Congreso de la Liga de Campesinos Pobres del Norte de Minas y Sur de Bahia (Foto: Ellan Lustosa/AND). En el lienzo se lee “Contra la crisis: ¡tomar todas las tierras del latifundio!

VIEJO ESTADO Y LATIFUNDIO CONTRA MOVIMIENTOS POPULARES

Algunos ejemplos corroboran la afirmación de que la violencia contra las poblaciones del campo y sus movimientos es algo intencional, fruto de decisiones políticas y de la colusión entre el viejo Estado y las clases dominantes reaccionarias.

En el Paraguay, en 2013, se produjo la reforma a la “Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interna”, que permite que el gerenciamiento (“gobierno”) federal utilice al ejército de manera inmediata para actuar en el país contra “amenazas y enemigos internos”. Movimientos campesinos e indígenas han denunciado que esta ley se ha sumado a otras para profundizar la criminalización de las luchas por tierra y territorio. Los informes de torturas, detenciones arbitrarias, uso abusivo de la fuerza, desalojos y hasta asesinatos han sido denunciados en organismos nacionales e internacionales. En ese país, la aceleración del proceso de concentración, aliado a las políticas del viejo Estado, expulsó a más de 585 mil personas de sus tierras en 10 años.

En Ecuador, el Consejo Nacional Indígena ha denunciado el abuso de la declaración del “Estado de excepción” como una estrategia de los gerenciamientos para reprimir la protesta social en las zonas de interés de la minería y de las petroleras.

En Bolivia, el Movimiento de Trabajadores sin Tierra, ha sido prácticamente anulado por el gerenciamiento de Evo Molares mediante la Ley 477, la que castiga la ocupación de tierras con penas que van desde los 3 a 8 años de detención.

El riesgo que corre el palo, corre el hacha

Como dice el aforismo: donde hay opresión, hay rebelión. Y como dice la canción: el riesgo que corrió el palo, corre el hacha. El descontento social es cada vez mayor. La lucha por la tierra y por el territorio no cesa, por el contrario, avanza y se radicaliza.

Frente a la violencia sufrida, las poblaciones del campo se organizan y recurren cada vez más a las ocupaciones para reivindicar sus derechos, rechazando el modelo agroexportador. En esa lucha, se enfrentan a las fuerzas represoras de los viejos Estados y los grupos paramilitares al servicio de terratenientes y monopolios, nativos o extranjeros.

Cabe destacar el papel activo de las mujeres, que han ido a la línea de frente en la lucha por la tierra y por el territorio. Las mujeres de las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas, además de ser sometidas a explotación y opresión del latifundio, de la gran burguesía (burocrática y compradora) y del imperialismo, sufren con una cuarta montaña: la opresión sexual.

En el campo, el peso de la semifeudalidad, que busca subyugar a las mujeres y subordinarlas al trabajo doméstico es más intenso. Allí, el poder patriarcal se hace más fuerte. La cultura semifeudal hace que las mujeres sean estigmatizadas, hostilizadas y reprimidas cuando se atreven ir contra las normas culturales, sociales y religiosas de las clases dominantes.

Pero las mujeres se han incorporado cada vez más a la lucha por la defensa de la tierra y del territorio. Las mujeres han desempeñado un papel de liderazgo. Las mujeres, muchas veces con sus hijos, encabezan las manifestaciones, resisten a los desalojos, trabajan en la organización de los campamentos y asentamientos.

Por ejemplo, en Honduras, las mujeres afrodescendientes, campesinas e indígenas encabezan la lucha contra los desalojos, muchos de ellos relacionados con proyectos de infraestructura, como hidroeléctricas. Entre 2010 y 2013, más de 1.384 campesinas fueron procesadas en 15 departamentos del país. Entre 2010 y 2015, 109 mujeres fueron asesinadas en el contexto de los conflictos agrarios.

Revolución de Nueva Democracia

Para las comunidades afrodescendientes, campesinos e indígenas, el acceso y control de la tierra y del territorio no será alcanzado por el camino burocrático a través del viejo Estado, sino por el camino revolucionario. Esta revolución es la Revolución Agraria, que inicia la Revolución de Nueva Democracia, cuyo objetivo es remover las tres montañas que explotan y oprimen a los pueblos de las colonias y semicolonias: el latifundio, la gran burguesía y el imperialismo, sentando las bases para la construcción socialista hacia el luminoso comunismo.

PANORAMA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN AMÉRICA LATINA – PARTE III

Traducimos de AND (Brasil) la tercera parte de la serie de artículos correspondientes a la estructura agraria de América Latina, la que está dividida en 5 y que serán publicadas todos los jueves. Estos tienen la intención de ofrecer a los lectores una visión integral de la cuestión agraria campesina en los países que componen América Latina. El autor es Vinicius Alves.

Para ver la primera parte, donde se abordó el papel del modelo agroexportador, haz click aquí.

Para ver la segunda parte, donde se abordó la distribución de tierra en la región y la relación con la desigualdad, haz click aquí.

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El presente texto es la tercera parte del artículo Panorama de la Estructura Agraria en América Latina, el que hace un análisis de la relación entre la tenencia de la tierra y el poder político-económico.

Tierra y poder

El monopolio de la tierra es fuente de poder político y económico. La disputa por la tierra siempre ha sido una disputa por poder. El control de esta por las clases dominantes reaccionarias se ejerce principalmente mediante la violencia. El que ejerce el control de la tierra decide sobre su uso y determina el destino de los beneficios de su explotación.

Las clases dominantes, especialmente los terratenientes, han utilizado su poder para influir en las decisiones políticas y reguladoras que afecten a sus intereses en torno a la tierra. Además, los monopolios nativos o extranjeros, instrumentos de dominación del imperialismo, han aumentado su actuación en el sector agropecuario en la región aquí analizada.

Un conjunto de factores ha atraído el interés de los monopolios extranjeros en América Latina, tales como: la demanda insaciable por materias primas y energías por las potencias imperialistas, el precio más bajo de la tierra, la disponibilidad de agua, beneficios fiscales, subsidios, facilidades en la remesa de los beneficios hacia el exterior, legislaciones ambientales y laborales frágiles, etc.

Los monopolios ejercen su dominio a través de un complejo sistema de relaciones políticas, económicas (comerciales y financieras), legal e ilegal, lícito e ilícito. La participación no siempre es evidente.

El estudio de Oxfam destaca la dificultad de saber quiénes son los propietarios de las tierras en la región, ya que la oscuridad de las transacciones, el uso de sociedades fantasmas, la titulación a nombre de terceros, el secreto y las barreras burocráticas en los órganos de los viejos Estados que administran los catastros y los registros de la propiedad crean un escudo que oculta la verdadera identidad de los propietarios.

Un conjunto de factores aislados que conjuntamente posibilitan el dominio completo de la tierra y de sus recursos naturales por los monopolios, tales como: el control de los flujos de capitales del mercado vía acción monopolista, de las acciones de un rol de empresas; La creación de filiales; Los acuerdos con empresas nativas, latifundistas y hasta campesinos; La influencia en las decisiones de los organismos internacionales (OMC, G7, G20, etc.) y de los gerenciamientos (“gobiernos”, nota nuestra) de turno sobre las medidas y los marcos normativos que afecten sus intereses.

El control ejercido por los monopolios se hace en toda la cadena productiva (producción, circulación y comercialización). Por ejemplo, las materias primas agrícolas producidas son adquiridas por las multinacionales, que se ocupan de su recolección, procesamiento y distribución en el mercado mundial. Este mercado ha sido dominado por el oligopolio del “ABCD”, integrado por ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, que juntas comercializan gran parte de los alimentos producidos y consumidos en el mundo y, en años recientes, ha controlado casi tres cuartas partes del comercio mundial de granos.

En 2014, en Paraguay, el oligopolio compuesto por Cargill, ADM, Bunge, Compañía Paraguaya de Granos, Noble, Grupo Favero y Louis Dreyfus, ordenados según el grado de importancia, concentró más del 80% de las exportaciones de soja y derivados. Las empresas tenían sus propias infraestructuras de transporte y almacenamiento, incluyendo silos, embarcaciones y puertos en todo el país.

En Bolivia, la exportación de la soja y derivados era controlada por cuatro empresas, que juntas exportaban el 77% de los granos en el país: Gravetal, de Venezuela (31%), Fino, de Perú (22%), ADM (13%) y Cargill (11%).

Es decir, los monopolios extranjeros son los que deciden qué, cómo, cuándo y cuánto producir, así como son quienes se apropian de los mayores beneficios de la explotación de las tierras.

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Latifundios, monopolios y el sistema político

Los terratenientes y los monopolios han ejercido fuertes presiones sobre los gerentes de turno y parlamentarios para que éstos adopten medidas políticas que atiendan sus intereses, además de financiar campañas electorales a cambio de favores.

Por ejemplo, en Perú, Ollanta Humala (2011-2016), que llegó a la gerencia federal del viejo Estado con un discurso de “cambio social”, se alió a las clases dominantes, que antes criticaba. Humala nombró agentes de los monopolios para la administración estatal, además de aprobar un “paquetazo” (de medidas gubernamentales, nota nuestra) que privilegió a las mineras, como la flexibilización de los procedimientos de aprobación de estudios ambientales y arqueológicos y la utilización de tierras comunales campesinas.

En Brasil, la bancada latifundista, defiende los intereses de esa clase en el Congreso Nacional. Esta bancada ha sistemáticamente bloqueado cualquier acción estatal de expropiación de inmuebles rurales que no cumplan su función social, tal como establece la propia Constitución burguesa. También rechazan la demarcación de territorios indígenas y quilombolas (refugios de esclavos africanos, nota nuestra).

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Monopolio de la tierra y desigualdades

El monopolio de la tierra es tanto una herencia colonial como un cáncer actual. Históricamente, las oligarquías latifundistas, designadas en algunos países como terratenientes, y más recientemente, los monopolios, controlan la tierra, sus recursos y la riqueza generada a partir de ella.

La distribución desigual de las tierras es un problema estructural en toda América Latina, resultado de la ausencia de revoluciones democráticas victoriosas, que distribuyesen e incentivaran el uso de la tierra de forma productiva, contribuyendo al desarrollo de la economía y de la nación.

La concentración de la tierra es un obstáculo para el crecimiento económico de la región, además de ser una de las principales causas de las desigualdades económicas y sociales enfrentadas por sus pueblos. Según Oxfam, las 32 personas más ricas en América Latina concentraban la riqueza equivalente a los 300 millones más pobres, siendo que el 64% de esta riqueza proviene de activos no financieros, destacándose el control de la tierra.

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Los terratenientes tienen una serie de privilegios fiscales en la región. Según el estudio aquí utilizado, los impuestos sobre la propiedad de la tierra suelen ser irrisorios debido a tres razones. En primer lugar, “los valores catastrales suelen estar muy por debajo del valor real de mercado y no se actualizan con suficiente frecuencia”. En segundo lugar, “las tasas con que se marca la propiedad rural suelen ser muy bajas y regresivas”. Y tercero, “los gobiernos locales […] a menudo están bajo el control de las élites locales que son propietarias de tierra, que pueden bloquear la aplicación de sistemas impositivos más justos y eficientes”.

Esto contribuye a la improductividad del latifundio y al mantenimiento del carácter especulativo de la tierra, además de negar al acceso a la tierra a millones de campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes.

La democratización de la tierra significa una mejor distribución de los recursos, generando más empleos en las áreas rurales, distribuyendo mejor la riqueza y, por lo tanto, contribuyendo significativamente a reducir la pobreza y las desigualdades. Las pequeñas producciones pueden ser más productivas por hectárea que las grandes cuando existen las condiciones adecuadas.

 

 

PANORAMA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN AMÉRICA LATINA – PARTE II

Traducimos de AND (Brasil) la segunda parte de la serie de artículos correspondientes a la estructura agraria de América Latina, la que está dividida en 5 partes que serán publicadas todos los jueves. Estos tienen la intención de ofrecer a los lectores una visión integral de la cuestión agraria campesina en los países que componen América Latina. El autor es Vinicius Alves.

Para ver la primera parte, donde se abordó el papel del modelo agroexportador, haz click aquí.

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El presente texto es la segunda parte del artículo Panorama de la Estructura Agraria en América Latina, la que hace un breve análisis de la distribución de tierra en la región y de la relación entre la misma distribución y las desigualdades existentes en los países latinoamericanos.

Concentración de tierra

América Latina es la región del mundo con la peor distribución de las tierras. Esta extrema concentración de la tierra en América Latina ha afectado el desarrollo económico y social de sus países, no limitándose sólo a las áreas rurales.

Oxfam destaca que “la extrema desigualdad en el acceso y control de la tierra es uno de los grandes problemas no resueltos en América Latina”, siendo “al mismo tiempo causa y consecuencia de estructuras sociales polarizadas y con niveles intolerables de pobreza y desigualdad”. Este problema contribuye a la limitación de los empleos, expulsión de la población del campo (éxodo rural), ampliación de la pobreza y miseria en las ciudades, además de la pérdida de la soberanía alimentaria.

Antes de pasar el análisis de los datos estadísticos sobre la distribución de la tierra en la región, cabe señalar cuatro importantes aspectos metodológicos utilizados en el estudio aquí discutido. En primer lugar, Oxfam se basó en los censos agropecuarios de 15 países de América Latina. Los censos se basan en explotaciones agropecuarias y no en propietarios. Así, una persona puede poseer o administrar más de una explotación, lo que hace que el grado de concentración de la tierra sea mayor que el aquí presentado.

En segundo lugar, los campesinos sin tierra no se contabilizan, pues en muchos países no se sabe cuántos son. Si éstos se contabilizaban, el grado de concentración de tierra sería aún mayor.

Tercero, los censos no se realizan con la frecuencia necesaria. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) recomienda actualizar el censo agropecuario al menos cada diez años. En la práctica, pocos países realizan esa recomendación, incluso Brasil, que realizará su Censo Agropecuario este año. En ese sentido, los datos aquí utilizados no se refieren al mismo año, pero posibilitan una visión general de la estructura agraria de América Latina.

Cuarto, el tamaño de los territorios de los países latinoamericanos varía bastante, desde países con extensión continental como Brasil, a países como El Salvador, menor que muchas ciudades brasileñas, lo que lleva a diferencias en la definición de lo que son grandes y pequeñas explotaciones agrícolas.

A partir del análisis de los datos de los 15 censos agropecuarios de países latinoamericanos, la Oxfam concluyó que el 1% de las explotaciones agropecuarias tenían más tierras que el 99% restante. El 1% de las propiedades de mayor tamaño concentraban más de la mitad de la superficie agrícola: el 1% de las explotaciones agropecuarias realizadas en latifundios concentraban el 51,19% de las tierras; El 99% de las explotaciones ocupaban el 48,81%. En promedio, las grandes propiedades presentan un tamaño de 2 mil hectáreas, equivalente a 4 mil campos de fútbol.

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Porcentaje de tierra controlada por el 1% de las grandes explotaciones agropecuarias frente al 99% restante

La proporción de tierras concentradas de las explotaciones agropecuarias practicadas en latifundios varía en los 15 países. Los casos más extremos son en Colombia, Chile, Perú, Paraguay y Bolivia. Los países menos desiguales son Uruguay, Ecuador y Nicaragua.

En Colombia, el 0,4% del total de las explotaciones agropecuarias en latifundios concentraban el 68,6% de la tierra productiva. En Chile, el 0,89% de las grandes explotaciones ocupaban el 74,49% de las tierras, el restante ocupaba el 25,51%. En el Perú, el 1,06% de las grandes explotaciones ocupaban el 77,03% de las tierras, mientras que el resto poseía el 22,97%. En Paraguay, el 1% concentraba el 71,30% de las tierras, el 99% restante ocupaba el 28,70%. En Bolivia, el 1% de las grandes explotaciones concentraban el 65,72% de las tierras y el 99% concentraba el 34,28%.

En el Brasil, el 1% de las grandes explotaciones concentraban el 44,42% de las tierras, mientras que el 99% restante tenía el 55,58%.

A pesar de que la tierra está concentrada en manos de terratenientes y empresas, en América Latina predominan las explotaciones agropecuarias realizadas en pequeñas propiedades. Según Oxfam, de cada cinco explotaciones agropecuarias, cuatro son pequeñas propiedades. En América Latina, las pequeñas propiedades eran el 82,7% de las explotaciones agropecuarias. Sin embargo, el 80% de las pequeñas propiedades ocupaban menos del 13% de las tierras en la región.

En América del Sur, la pequeña propiedad tiene en promedio 9 hectáreas, y en América Central 1,3 hectáreas. El pequeño tamaño de la propiedad tiende a colocar a las familias campesinas en estado de vulnerabilidad y de inviabilizar una producción rentable, que garantice la supervivencia de las familias. Lo que puede contribuir a la migración de la familia campesina hacia la ciudad (éxodo rural), principalmente de sus miembros más jóvenes.

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Superficie controlada por las pequeñas explotaciones agropecuarias en América Latina

Los países que presentaban la mayor participación de las pequeñas propiedades en el total de las explotaciones agropecuarias fueron Paraguay, Guatemala, Brasil, El Salvador y Colombia.

En Paraguay, las pequeñas propiedades eran el 91,4% del total de las explotaciones agropecuarias; En Guatemala eran el 86,5%; 86% en Brasil; En El Salvador eran 85,8% y en Colombia eran el 84% del total de las explotaciones.

Los países en los que las pequeñas propiedades ocupaban menos tierras fueron Colombia, Chile, Perú, Paraguay y Costa Rica.

En Colombia, las pequeñas propiedades manejaban el 3,8% de las tierras; En Chile el 3,9%; En Perú el 5,9%; En Paraguay 6,3%; Y en Costa Rica el 7,7% de las tierras.

Relacionando la proporción de pequeñas propiedades frente al total de las explotaciones agropecuarias y la cantidad de tierras controladas por las pequeñas propiedades, se verifica que en Paraguay las pequeñas propiedades, que eran el 91,4% de todas las explotaciones, ocupaban apenas el 6,3% de las tierras. En Colombia, las pequeñas propiedades eran el 84% de todas las explotaciones, pero sólo tenían el 3,8% de las tierras. En Brasil, las pequeñas propiedades eran el 86% de las explotaciones, sin embargo, ocupaban sólo el 21,4% de las tierras.

En la mayoría de los países hubo una ampliación del área de producción agropecuaria, normalmente, a costa de las tierras campesinas e indígenas, además de la vegetación original.

En Paraguay, entre 1991 y 2008, fueron incorporados siete millones de hectáreas, de las cuales seis millones correspondían a latifundios. La pequeña producción perdió 16% de su superficie productiva. En Colombia, el latifundio se expandió ocupando 77% del área agropecuaria en 2014, mientras las explotaciones con menos de 10 hectáreas se redujeron, poseyendo apenas el 4% de las tierras.

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Porcentaje de tierra en manos del 1% de las explotaciones agropecuarias de mayor tamaño

El análisis de los datos permite afirmar que en América Latina predomina la pequeña propiedad, sin embargo, la mayor parte de las tierras ha sido apropiada por el latifundio, mientras que las pequeñas explotaciones se han limitado a diminutas extensiones de tierras.

Las pequeñas propiedades, en su mayoría, están compuestas de campesinos, que se basan en el trabajo familiar, producen para la subsistencia y/o abastecen gran parte del mercado interno, pero casi no reciben apoyo estatal o privado. En criterios relativos, la pequeña propiedad es más productiva y eficiente económicamente que los latifundios, sea de viejo o nuevo tipo (agronegocio).

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Los censos agropecuarios llevados a cabo en América Latina

 

 

PANORAMA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN AMÉRICA LATINA – PARTE I

Traducimos de AND (Brasil) la primera parte de la serie de artículos correspondientes a la estructura agraria de América Latina, la que estará dividida en 5 partes y serán publicadas todos los jueves. Estos tienen la intención de ofrecer a los lectores una visión integral de la cuestión agraria campesina en los países que componen América Latina. El autor es Vinicius Alves.

El presente artículo tiene por objetivo hacer un breve panorama de la estructura agraria de América Latina y sus principales consecuencias para sus pueblos, con el fin de posibilitar una mejor comprensión de la cuestión agrario-campesina, cuestión central y principal en todos esos países, en los cuales se desenvuelve un capitalismo de tipo burocrático, asentando sobre bases semicoloniales y semifeudales.

Para ello se utilizaron los datos estadísticos elaborados por Oxfam, que en noviembre de 2016 lanzó un estudio titulado “Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina”. El estudio hace un análisis de la distribución de la tierra de quince países de América Latina y de la relación entre la distribución de la tierra y las desigualdades sociales, económicas y políticas existentes en la región.

El artículo será dividido en 5 partes, a saber:

Parte 1: abordará el papel del modelo agroexportador.

Parte 2: La distribución de la tierra en la región.

Parte 3: La relación entre la propiedad de la tierra y el poder político-económico.

Parte 4: Abordará las políticas de “reforma agraria” y demarcación de territorios indígenas.

Parte 5: El recrudecimiento de la violencia en las luchas por la tierra y territorio practicadas por las clases dominantes reaccionarias y la resistencia de los pueblos del campo, destacando las masas campesinas.

Las venas continúan abiertas

Las venas de América Latina continúan abiertas. El modelo agroexportador, “herencia” maldita del período colonial y cáncer actual, manifestación de la semicolonialidad, sigue siendo el principal “motor” de la economía en esta región. Tal permanencia es resultado de un proceso de “independencia” meramente formal, teniendo en vista la ausencia de revoluciones democráticas de viejo tipo victoriosas.

El proceso de formación inconcluso de los Estados nacionales latinoamericanos mantuvo un sistema de acumulación asentado en el latifundio, con la explotación de la fuerza de trabajo y con la apropiación de la riqueza por una oligarquía, que en general, manifestó y manifiesta poco aprecio por la nación y por el pueblo.

Los consecutivos gerenciamientos de turno que se han alternado en la administración de los viejos Estados latinoamericanos han mantenido el modelo agroexportador como base de sus economías, incluso aquellos que se autodenominan de “izquierda”. Ver los casos de Lula (2003-2010) en Brasil, Evo Morales (2006-) en Bolivia, Michelle Bachelet (2014-) en Chile, Rafael Correa (2007-2017) en Ecuador y Hugo Chávez (1999-2013) en Venezuela.

Este modelo se basa en la extracción y explotación de los recursos naturales para la obtención de grandes volúmenes de materias primas, en general, con un mínimo de procesamiento y de bajo valor agregado, dirigidas principalmente a los países imperialistas. Sin embargo, la oscilación de los precios de las materias primas en el mercado mundial hace a los países de la región dependientes y sus economías inestables.

De acuerdo a Oxfam, en América Latina el modelo agroexportador en la agricultura se caracteriza por la plantación monocultora de caña de azúcar, palma de aceite y soja. En la ganadería predomina la cría de ganado bovino. En la silvicultura, el monocultivo del eucalipto.

En el 2014, las materias primas dominaban la pauta de exportaciones de la mayoría de los países de la región. En el caso de Chile y Ecuador, las materias primas representaban más del 80% de las exportaciones. En Panamá, Colombia, Bolivia, Paraguay y Uruguay las materias primas representaban entre el 70 y el 79% de las exportaciones. En Venezuela, casi el 70%. En el Perú casi el 60%. En Argentina, Brasil y Nicaragua entre el 40 y el 50% de las exportaciones. Los menores valores ocurrieron en El Salvador, República Dominicana y México, en los que las materias primas eran menos del 20% de las exportaciones.

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Porcentaje de participación de las materias primas en el valor de las exportaciones de una selección de 15 países de América Latina – 2014

La explotación de los recursos naturales en América Latina ha sido cada vez más financiada con capitales internacionales. Entre 1998 y 2007, las Inversiones Extranjeras directas (IED) en los sectores extractivos crecieron a un ritmo del 26% al año y de forma especialmente acelerada en países como Perú, en el que se han descubierto recientemente nuevos depósitos de hidrocarburos y minerales. “A fin de atraer esa inversión, los países aceptan ceder el control de sus recursos estratégicos y firmar acuerdos internacionales […] y de inversión diseñados para blindar los intereses de las corporaciones, llevando a la pérdida de la soberanía nacional y la desprotección de los derechos de las personas”, subraya el estudio de Oxfam. En ese sentido, el modelo agroexportador socava la soberanía de la nación, contribuyendo a su subyugación por el imperialismo.

El énfasis en un modelo agroexportador afecta el acceso y el control de la tierra. La expansión de este modelo implica la invasión, expropiación y/o degradación de las tierras de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, además de áreas naturales.

La expansión de las plantaciones agrícolas y forestales, de la ganadería, de las extracciones minerales y petroleras, contribuyen también a la disminución de la cantidad de tierras destinadas hacia la producción de alimentos para el mercado interno y consecuentemente, para el abastecimiento de la población.

Por ejemplo, en Brasil, durante el 2014, los monocultivos de la caña de azúcar y la soya ocupaban el 50,1% de la superficie total cultivada del país. Mientras, el arroz y los porotos ocupaban menos de 10 millones de hectáreas, la soya abarcaba un área de 30 millones y el maíz 15 millones de hectáreas. La soya y el maíz se utilizan principalmente para la engorda animal.

En Colombia, también en 2014, 7,1 millones de hectáreas -de una superficie agrícola de 8,5 millones- se ocupaban con los monocultivos de café, caña de azúcar y palma de aceite para la exportación, resultado: Colombia tuvo que importar arroz y porotos para abastecer a su población, lo que encareció el precio de estos alimentos.

En el Perú, en 2013, la explotación minera cubría un área equivalente al 21% del territorio nacional (27 millones de hectáreas).

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Superficie agrícola en países seleccionados – 2014

Al considerar la cantidad de tierras controladas por el modelo agroexportador, su volumen de exportación, las inversiones estatales y privadas recibidas y los subsidios ofrecidos por los viejos Estados, se constata que este modelo, de manera general, poco contribuye a los sistemas tributarios, generando una baja contribución fiscal, lo que mina el poder de inversión de los viejos Estados de la región.

Además, en la región, la expansión del modelo agroexportador fue acompañada por el desmantelamiento de los pocos servicios estatales de crédito, seguros, asistencia tecnológica y comercial dirigidos a la agricultura campesina.

Es la lógica del capitalismo, la producción es socializada, pero la apropiación del fruto del trabajo es individualizada, pues la propiedad privada está concentrada (monopolizada) en manos de una pequeña proporción de la población. Así, la riqueza generada por el modelo agroexportador es desigualmente distribuida, así como también sus efectos destructivos. Para las clases dominantes es el bono, mientras que para el pueblo la carga.

 

SAN FABIÁN DE ALICO: PROTESTAS POR DAÑOS CAUSADOS POR FORESTAL ARAUCO

Recogemos la noticia publicada en Mapuexpress, ya que destaca la opresión que provoca el latifundio forestal, en este caso propiedad del grupo Angelini, no sólo al pueblo mapuche, sino también al pueblo chileno.

Como buenos señores feudales -a pesar que anden de cuello, corbata y maletín-, los latifundistas impiden el desarrollo productivo de los campesinos y otras clases sociales explotadas que caen bajo sus garras. Esto es porque necesitan mano de obra super explotada y también apropiarse de los recursos naturales, principalmente de la tierra y agua. Veamos lo que dice esta comunidad que soportan “25 años de miseria y pobreza”.

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San Fabián de Alico al extremo oriente de la provincia de Ñuble en la región del Biobio

“En San Fabián de Alico, provincia de Ñuble,  en el sector Flor de Quihua, se vienen realizando acciones de protesta en contra de  Forestal Arauco, como la realizada este martes 13 de junio ante los diversos daños causados por la empresa  y sus plantaciones de monocultivo de especies exóticas en el sector, cuyos habitantes se han visto rodeados de largas extensiones de pinos.

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Parte de las demandas señaladas, se refieren a la necesidad de generar fuentes de trabajo para la comunidad ya que producto de las forestales se ha generado una grave afectación a la economía local, existiendo la necesidad que se generen con urgencia herramientas para nuevas formas de desarrollo de acuerdo a los intereses y necesidades de los habitantes del lugar.

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Para vecinos del sector Flor de Quihua, se han venido perdiendo progresivamente  sus fuentes de trabajo, indicándose que han debido asumir solos los costos generados por este nefasto modelo, deteriorándose  la calidad de vida de los habitantes del territorio.

Luego de la manifestación, el dirigente Abel Poblete señaló: “Quisiera dar gracias a quienes participaron de esta manifestación (…) lo evidenciado es una pequeña parte de este conflicto que se viene dando durante 25 largo años. Como representante de las comunidades organizadas de este sector siempre vamos a defender y a exigir nuestros derechos. Las empresas forestales tienen un historial que contaremos, y que hemos sido testigos de la tiranía y la soberbia de estas, donde nos han pasado a llevar nuestra dignidad,  nuestros derechos,  pero ya  no más”, indicó el dirigente.”

¿QUÉ ESCONDE LA REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS?

Contextualicemos la situación: escasez hídrica y sequía

En Chile, el actual código de aguas es la expresión del capitalismo más podrido y atrofiado que existe: el capitalismo burocrático, capitalismo insertado en los países sometidos, por ende atrasados y semifeudales como lo son nuestras naciones latinoamericanas. Una de tantas pruebas de ello es que Chile es el único país en el mundo en el cual el agua es privada, perteneciendo a quien pague los derechos y no como bien común de las personas, algo básico para la alimentación, producción e higiene de la población.

A partir del Atlas del Agua de la Dirección General de Aguas (DGA), Diario El Mostrador rescata algunos datos importantes a tener en cuenta. Por ejemplo,  “en el país hay 101 cuencas hidrográficas, en 75 de las cuales, entre el 2008 y 2015, se han dictado decretos de escasez hídrica. En otras cuencas la situación ya llego al límite, como en Petorca o La Ligua, donde la situación del agua es insostenible, tal como lo consignan el Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales del año 2013 y el Informe de la Misión de Observación del INDH del año 2014″.

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¿Cambio climático o depredación de la tierra y el pueblo por los monopolios?

Según el Reporte del Estado del Medioambiente (2015), continuando con la información tomada por El Mostrador, se dice que “la demanda de agua excede a la oferta disponible entre las regiones de Arica y Metropolitana; vale decir, la presión sobre las aguas en más de la mitad del país es sumamente alta. De hecho, en regiones del sur del país, como La Araucanía o Los Ríos, la situación hídrica asociada a la presión del monocultivo forestal ha generado déficits hídricos crecientes, afectando la pequeña agricultura y el consumo humano. Asimismo, según el Informe de Desempeño Ambiental de Chile (2016) elaborado por la OCDE, los crecientes estados de emergencia hídrica y agrícola para diversas comunas del país acarrean un creciente gasto para los municipios afectados.

Y según las proyecciones de la Política de Recursos Hídricos 2015, la demanda hídrica crecerá entre un 35% y 60% al año 2025, lo que permite avizorar un crecimiento exponencial de la presión sobre las aguas del país”.

Pero, ¿cuál es el contenido del código de aguas?

El gobierno de la Junta Militar Fascista dirigido por Pinochet creó el Código de Aguas en 1981, el que considera las aguas como un bien principalmente económico. Separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y, de esta forma, la mayor parte de los derechos de agua le pertenecen al privado. Pero no hablamos aquí de cualquier privado, sino de grandes empresarios acaudalados, dueños de empresas agroexportadoras y terratenientes dueños de latifundios, grandes extensiones de tierras usufructuadas al pueblo mapuche y que ahora se encuentran en conflicto para ser recuperadas. A grandes rasgos, el código de aguas significa que el Estado traspasa los derechos de agua a los privados, de forma gratuita y a perpetuidad. Y esto, a su vez, genera un mercado del agua donde se transa como un bien más, acaparado, robado y concentrado cada vez más por los monopolios. Todo esto se encuentra respaldado por la Constitución de 1980 redactada por Jaime Guzmán, la que establece el agua como un bien privado.

En teoría, los derechos de agua están repartidos en miles de usuarios. Sin embargo, el caudal que ostenta cada propietario es lo que hace la diferencia, además del poder local o regional que tenga cada “privado”. Bajo esta máscara -la de “privado”-, el gobierno y la “oposición” hacen creer a todo el mundo que les preocupa el pequeño y mediano campesino o como le llaman a algunos, pequeño o mediano empresario agrícola.

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¿Qué es la reforma en el código de aguas y qué hay detrás de esto?

El gobierno de Bachelet plantea 4 puntos fundamentales de la reforma al código de aguas: 1) El uso prioritario del agua para el consumo humano, algo que alguien podría pensar que es mínimo y “obvio”, pero que “no estaba en la ley”; 2) Aquellos que están “utilizando bien” los derechos de agua mantendrán esos derechos; 3) En caso de que alguien “acapare derechos de agua” y no los utilice, los derechos caducan y vuelven a la cuenca “para que los usen aquellos que sí los necesitan”; 4) Hay que cuidar el medio ambiente y las cuencas de los ríos.

Estos “pilares” de la reforma no hacen más que demostrar que todo seguirá igual con el código de aguas de Pinochet. ¿Por qué?, en resumen, porque se mantiene el agua para los “privados” y solo afecta a los que no la utilizan, pudiendo revocarse esos derechos ahora. ¿Y quiénes serán los que no la utilizan? Según el Estado, los pequeños y medianos campesinos.

En la reforma, el agua mantiene la figura de privada en el 90% de sus derechos de uso –que ya han sido asignados, esto aunque en una serie de artículos se modifique el concepto de “titularidad” por “dueño”.

El  Movimiento por la Defensa del Agua (MODATIMA) afirmó hace algún tiempo: “Si la reforma no es capaz de modificar la esencia de la actual legislación, que superpone el lucro y el derecho de propiedad sobre las aguas por encima del derecho humano y el bien común, entonces, la reforma que se vota sigue favoreciendo a quienes controlan el mercado de las aguas y, por lo tanto, consagra la desigualdad”. Así lo consigna El Mostrador.

Además de lo anterior, podemos señalar que se la reforma mantendrá intactos los mismos problemas antes de ser aplicada, tal como que el Estado tiene poca capacidad para enfrentar problemas que atañen al “mercado del agua”. Por ejemplo, quien reparte el agua es la DGA y esta nisiquiera tiene la potestad de resolver conflictos de agua. Esto sucede porque los derechos de agua pasan a ser bienes privados y debe solucionarse en los tribunales civiles.

Como ya se señaló, el monopolio del agua radica en el porcentaje de caudal disponible respecto del total, diferente a los derechos de agua propiamente tal. Al igual que en otros países semifeudales, las grandes empresas y/o latifundistas no son regularizados y fiscalizados, bien conocidos son los casos de desviaciones artificiales de los cursos de ríos, construcción de obras ilegales, apertura de canales que llegan a latifundistas fuera de sus horarios y cierre ilegal de las compuertas con destino a regar las tierras campesinas. Tampoco considera las dinámicas hídricas subterráneas.

Por último, Chile continúa siendo el único país en el mundo donde hay que pagar los derechos de agua, siendo un bien privado que se transa en el mercado y negando el agua a las personas que en muchas ocasiones la necesitan, producto de sequias o su nulo acceso.

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Situación actual

La Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado aprobó por 3 votos contra 2 el proyecto de reforma al código de aguas que ya fue despechado por la Cámara Baja.

En el Senado al igual que lo fue en la cámara de Diputados, hay una falso debate entre Chile Vamos y la Nueva Mayoría, ya que la primera apela a que es inconstitucional “por contravenir derechos como el derecho de propiedad y el principio de dominio”. Este debate es una fachada porque la reforma no cambia en nada el carácter privado del agua -entendido, además, como gran privado ya que en Chile dominan los monopolios-, sino que solo alude a un resquicio de caducar los derechos de agua a privados que no la utilicen. Esto nos demuestra que las dos coaliciones de la política burguesa en Chile son exactamente lo mismo y debaten por pequeñas cosas que pueden afectar sus campos y sus empresas, pero nada del problema estructural. Por eso hablamos reiteradamente de que son un Partido Único que defiende intereses de imperialistas, grandes burgueses y latifundistas.

Hacemos un llamado a defender el agua como un bien del pueblo y no de empresas monopolistas y revocar el código de aguas que establece este vital elemento como una mercancía. No seamos más el único país del mundo donde los derechos de agua son privados, ¡a luchar por el elemento vital para el pueblo! ¡No al código de aguas, ni a su reforma que mantiene el agua como propiedad privada monopólica al servicio de los latifundistas y la gran burguesía!

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URUGUAY: CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA BATE RÉCORD

En contra de su prédica ideológica, el Frente Amplio de Tabaré Vásquez y José Mujica ampara la mayor concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra que se registra en la historia del país.

Cuando hizo su campaña electoral en 2004, el actual presidente Dr. Tabaré Vázquez prometió que iban a temblar hasta las raíces de los árboles, dando cuenta de que un gobierno del Frente Amplio significaría un cambio radical, sobre todo en materia económica.

En su prédica histórica, el Frente postuló la nacionalización de la banca, la reforma agraria, el no pago de la deuda externa y la ruptura con el Fondo Monetario Internacional.

Nada de eso se hizo y se ratificaron las orientaciones económicas que históricamente tuvo el país.

Pero en algunos casos hay situaciones extremas. Eso es lo que ocurre con la concentración de la propiedad de la tierra, que ha alcanzado un registro record, según un reciente estudio de la revista Campo que se publica con el semanario Búsqueda.

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En la actualidad y como consecuencia de la forestación y la extensión de las actividades agrícolas, 90 empresas son propietarias de predios que abarcan 5.700.000 hectáreas, equivalentes a los territorios de los departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Durazno y San José.

Una ley del año 2007 intentó prohibir que las sociedades anónimas fueran propietarias, pero a la vez se estableció un régimen de excepciones al que se ha acudido reitera y abusivamente.

Según Campo, la nómina de excepciones es realmente enorme.

Reproducimos acá el listado.

Entre las empresas que figuran en los registros oficiales con mayor extensión de tierras autorizadas por el gobierno se encuentran Union Agriculture  Group (UAG) con unas 320.000 hectáreas, Stora Enso con 308.000 hectáreas, Agronegocios del Plata con 156.994 hectáreas, Guanaré (Forestal Atlántico Sur) con 111.800 hectáreas, Forestal Oriental (UPM) con 115.709 hectáreas, y de ese mismo grupo figura la subsidiaria Uruwood con 115.000 hectáreas y Eufores, una empresa adquirida en 2009 por el joint venture conformado por Arauco y Stora Enso, que tiene 369.000 hectáreas.

Otras firmas autorizadas fueron Forestal Cono Sur con 83.600 hectáreas, Colonvade con 72.000 y la agrícola argentina MSU (Manuel Santos Uribelarrea) con 22.264 hectáreas.

En el caso de UAG figuran varias sociedades anónimas como Boisy, Rafilur, Madalux, Nogatir y Vadolmar, con unas 65.000 hectáreas en conjunto.

Otras autorizaciones fueron concedidas a la minera Aratirí (9.000 hectáreas), Del Carmen y Santa Margarita, de la familia argentina Pérez Companc, con 24.911 hectáreas, distribuidas en los departamentos de Río Negro, Soriano y Tacuarembó.

El capital accionario nominativo de esas sociedades anónimas pertenece a Hudson Investment Holding, constituido en las Islas Caimán, según consta en la autorización otorgada por los Ministerios de Ganadería y Economía en 2011.

Otras firmas exceptuadas fueron la semillera Hinkely con 4.688 hectáreas y la danesa Ingleby, que cuenta con algo más de 25.000 hectáreas destinadas a la producción de granos y carne, entre otros productos, y que opera en diferentes países.

Un grupo de sociedades de la empresa Calyx Agro, creada por la compañía Louis Dreyfus, entre otros accionistas, figura en los registros con 62.964 hectáreas, al igual que Forestal Atlántico Sur con 55.000 hectáreas, Frigorífico Modelo con 24.674 hectáreas, Ginker con 68.148 hectáreas y Adecoagro, que tiene al magnate George Soros entre sus accionistas, con 42.000 hectáreas.

El grupo de empresas que son propiedad del inversor argentino Alejandro Bulgheroni recibieron las autorizaciones correspondientes: Nuevo Manantial y Estancias del Lago con 26.400 hectáreas, Agroland con 1.674 hectáreas y Gamorel con 567 hectáreas. Esos emprendimientos comprenden la producción de energía eólica, un megatambo, aceite de oliva, vinos, forestación y arándanos.

En el listado figura además la estatal Alcoholes del Uruguay, que recibió aprobación del Ejecutivo para ser propietaria de un total de 11.440 hectáreas y la Sociedad de Padres Salesianos con 4.930 hectáreas.

RMK Timberland, un fondo de inversión forestal originario de Georgia, Estados Unidos, obtuvo autorizaciones para las sociedades con las que opera en Uruguay: Taurión con 24.797 hectáreas, Monte Fresnos con 4.500 hectáreas y Ponte Tresa con 1.293 hectáreas.

Una de las primeras autorizaciones a ser exceptuada de la ley en cuestión fue la empresa forestal estadounidense Weyerhaeuser, que en los registros oficiales figura con 31.433 hectáreas. Otras sociedades vinculadas al mismo grupo inversor fueron exceptuadas: Los Piques con 11.000 hectáreas y Vandora con 4.967 hectáreas.

Como se ve, tanto la vieja prédica frenteamplista como la propia ley del año 2007 –que tenía el objetivo de limitar la concentración de la propiedad– han quedado por el camino.

Fuente: Resumen Latinoamericano

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MILLONARIAS GANANCIAS DE LAS ISAPRE: ROBO A MANO ARMADA A LOS ASALARIADOS

El día de ayer 29 de marzo, la Superintendencia  de Salud informó las millonarias ganancias de las Isapre durante 2016: un 62% de crecimiento en las utilidades. Mientras tanto, al pueblo se le dice que la economía está desacelerada y que hay que apretarse el cinturón. Es que no hay crisis para la gran burguesía financiera, dueños de las Isapre, negocio redondo para exprimir a los trabajadores.

 

Que “estamos en crisis”, que hay que “apretarse el cinturón”, que “la economía se contrae y se desacelera”: éstas y muchas otras frases escuchamos en las noticias todos los días,  para justificar el alza en el costo de la vida, y las condiciones cada vez más  miserables para los que trabajan.

Pero no hay crisis para el capital financiero, no hay crisis para la gran burguesía: Las Isapre aumentaron sus ganancias en un 62% durante 2016, con un monto de 51.000 millones de pesos.

¿Cómo es posible este escandaloso resultado? Gracias al alza en la Prima GES que implementaron en julio de 2016, en donde se incrementó el valor del costo por cada carga de salud,  a costa de los miles de cotizantes que ahora tienen que pagar más, sin ningún beneficio adicional a cambio de este mayor precio.

Hay que recordar que esta alza en la prima GES se realiza por ley cada 3 años y el año pasado se incrementó en promedio un 39%, o sea aproximadamente $3.400 por cada carga de salud del trabajador. Y claro, la Corte de Apelaciones la aprobó y la avaló, por estimar que es un alza justificada, en casi la totalidad de los Recursos de Protección que presentaron los trabajadores para intentar evitarlo.

Es decir, todos los trabajadores cotizantes, sin ninguna posibilidad de oponerse a ello, financian con su salario este verdadero robo a mano armada, a través de este mecanismo creado para exprimir al pueblo.

La Isapre: ahorro forzoso para enriquecer a unos pocos.

Pero estas multimillonarias ganancias no son ninguna novedad. Todos los años estas instituciones sorprenden por ser, junto con la banca, las que  más se enriquecen y engordan sus bolsillos. El trabajador por su parte, está obligado a ingresar al sistema por el sólo hechos de tener un contrato de trabajo, si es que no quiere incorporarse a FONASA, y atenderse en el paupérrimo sistema público de Salud.

Muy lejos de ser una “salud de libre mercado”, el negocio de las Isapre es un monopolio,  en donde unos pocos grupos económicos concentran  y controlan el mercado. Al igual que ocurre con los casos de colusión, fijan las condiciones a su antojo, con el aval de las leyes que están hechas a su medida.

A modo de ejemplo, Consalud pertenece a tres empresas (Sociedad de Inversiones y Servicios La Construcción, Cámara Chilena de la Construcción y Mutual de Seguridad). Banmédica es dueña al mismo tiempo de Isapre Vida Tres y sus principales accionistas son Empresas Penta (sí, del caso Penta) y el grupo Solari entre otros. Cruz Blanca por su parte es de propiedad del grupo Said, Banco Itaú y otros.

Todo a través de intrincadas marañas de accionistas de una y otra empresa filial, en donde las familias de estos magnates se cruzan y se repiten en todo el negociado de la salud: en las Isapre, en los laboratorios farmacéuticos y en las Clínicas que tienen los convenios con la Isapre, también llamados “prestadores”.

Salud para el pueblo: gratuita, moderna y de cobertura nacional.

El derecho a la salud es un derecho del pueblo, como lo es el derecho a la educación y a la vivienda. Pero este estado no va a entregarlo, porque es el estado de la misma clase que se enriquece junto con las Isapre: viejo estado de la gran burguesía.

Por lo tanto, no queda más que luchar por una salud gratuita, moderna y de cobertura nacional, como parte de las demandas democráticas para avanzar necesariamente en un camino revolucionario en nuestro país, confiscando el capital financiero y el latifundio, conquistando así el derecho a la salud.

 

¡Ni Isapre ni FONASA!

¡Salud Gratuita, Moderna y de Cobertura Nacional!

BANGLADESH: 8 MILLONES DE NIÑOS EXPLOTADOS POR EL TERRORISMO CAPITALISTA

Tomado del blog Odio de Clase

Más de ocho millones de menores de 18 años trabajan en Bangladesh

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Realizan jornadas completas, sin días de descanso y en condiciones infrahumanas

En Bangladesh, un 43,25% de sus 156,5 millones de habitantes vive en situación de pobreza extrema —con menos de 1,25 dólares al día—. Y un 80% de los que tienen un empleo subsiste con menos de dos dólares diarios. Gran parte de ese abultado porcentaje de miseria lo engrosan y sufren los niños, que representan un 40% de la población del país (más de 60 millones). El resultado: abundante mano de obra muy barata.

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“No tengo tiempo de jugar”. Emon Hawlader se divierte tan solo los viernes por la tarde, el único tiempo libre del que dispone desde que empezó a trabajar hace dos años y medio como mecánico de vehículos. “Juego solo, tirando una pelota a la pared”, dice el chico tímido, triste y sucio de hollín y aceite de motor. Tiene solo 13 años, vive en una chabola de chapa de unos nueve metros cuadrados que comparte con los otros cinco miembros de su familia, sus padres y tres hermanas pequeñas, muy cerca de las vías del tren en un slum de Dacca, capital de Bangladesh. El crío es uno de los 168 millones de menores víctimas del trabajo infantil en el mundo y uno de los 7,9 millones niños obreros que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que hay en Bangladesh.

Emon Hawlader gana 1.500 takas (17,5 euros) al mes. A cambio, trabaja los 365 días del año, nueve horas diarias, aunque a veces alarga su jornada toda la noche si hay muchos vehículos que reparar. Aguanta las bofetadas, martillazos u otras agresiones de su jefe cuando se equivoca, y se lleva algún golpe en la cabeza cuando está debajo de un coche y hace algún mal movimiento. ¿Por qué un niño de 13 años está arreglando bujías y pistones en vez de jugando al fútbol con amigos en el recreo del colegio entre clases? El patrón dice que está aprendiendo el oficio y “sacándose un dinerillo mientras estudia”. “Sé que está prohibido, pero no le exploto”, apostilla. La madre explica que el sueldo del padre, ayudante de un conductor de camioneta, no da para comer y pagar el alquiler. Por eso, su hijo y la mayor de las chicas, de 11 años, trabajan.

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“De acuerdo con la legislación, los menores de 14 años no pueden trabajar. Y los que tienen entre 15 y 17 pueden ser contratados, pero no en empleos peligrosos para su salud física o mental”, apunta Shahid Mahmood en referencia a la Bangladesh Labour Act (ley del trabajo) de 2006 y la Child Labour Elimination Policy (NCLEP) aprobada en 2010. Pero tales leyes no se cumplen. Casi ocho millones de niños son la prueba; el 93,3% trabaja informalmente por salarios pírricos de entre 10 y 20 euros al mes, en condiciones infrahumanas y sin derecho alguno. “Y sabemos que el número ha aumentando desde entonces. Calculamos que ahora hay 10 millones, pues la población aumenta, hay más inmigración de las zonas rurales a la ciudad y los pequeños encuentran empleo más fácilmente para mantener a la familia”, abunda. Si esa cifra se confirmase más del 16% de los niños del país estarían en esta situación: