EL IMPERIALISMO YANQUI BUSCA PROFUNDIZAR EL SAQUEO EN VENEZUELA

EL IMPERIALISMO YANQUI BUSCA PROFUNDIZAR EL SAQUEO EN VENEZUELA

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Venezuela es parte de Latinoamérica, parte de este subcontinente oprimido por el imperialismo, principalmente el yanqui. Venezuela, al igual que todos los países del mundo es un país rico en recursos naturales y fuerza de trabajo, pero esa riqueza, al estar en manos de grandes burgueses, latifundistas e imperialistas, sólo profundiza la pobreza de su pueblo.

Actualmente, en Venezuela se desarrolla una álgida pugna entre las facciones de la gran burguesía (facción compradora versus facción burocrática). En esta pugna por definir quien administrará el Estado y las riquezas del petróleo ha sido arrastrado el pueblo, que es quien pone los muertos y se lleva el peso de la crisis, que se expresa en enfrentamientos de masas contra masas, una inflación disparada que ha reducido el poder adquisitvo a la mitad, el alza y carestía de alimentos, etc.

La facción compradora de la gran burguesía (que el oportunismo llama derecha), organizada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), aboga abiertamente por una mayor intromisión de capital extranjero y por una mayor “privatización”, bajo la promesa de que mediante esta vía impulsará el desarrollo del país y creará más empleo.

La facción burocrática de la gran burguesía (que el oportunismo llama izquierda), organizada en el gobierno de Maduro, plantea mayor “estatización” de las riquezas, queriendo hacer pasar la estatización como sinónimo de socialismo, en circunstancias que el Estado venezolano no está en manos de la clase obrera y el pueblo, porque los grandes burgueses y terratenientes no han sido barridos como clase, porque a pesar de todo lo que diga el gobierno, en Venezuela no ha habido una revolución.

El imperialismo yanqui, para profundizar su intromisión en Venezuela, aplica la receta que ha usado últimamente en Medio Oriente Ampliado, en las denominadas “primaveras árabes”, donde alimentó la pugna entre las facciones de la gran burguesía, apoyando a una contra otra, para luego imponer un gobierno títere, obligándolo a firmar condiciones más humillantes que las que ya existían.

En Venezuela, que es uno de los principales proveedores de petróleo (el tercero después de Canadá y Arabia Saudita), el imperialismo yanqui atiza la beligerancia de la burguesía compradora, porque considera que de imponerse ésta, les entrega más garantías para saquear el país o, al menos, perimitiría acrecentar la crisis de la facción burocrática en el gobierno de Maduro, obligándola de igual manera a tener que aceptar una mayor intromisión imperialista yanqui.

LA PUGNA INTERBURGUESA Y LA AUSENCIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

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Maduro a la derecha, Mesa de Unidad Democrática (MUD) a la izquierda.

Desde comienzos de abril del presente año, el imperialismo yanqui viene actuando mediante la MUD, intentando desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, encabezando protestas, provocando escasez de mercadería, acrecentando la especulación del precio de los alimentos y amenazando con el desencadenamiento de una guerra civil.

Por su parte, Nicolás Maduro intentó dar gobernabilidad al Estado mediante una nueva Asamblea Constituyente, donde buscó acorralar legalmente a la oposición, aglutinar a los sectores chavistas desencantados y encuadrar a dirigentes de masas que hasta el momento se han mantenido al margen de las protestas y enfrentamientos.

La prensa del gran capital y los oportunistas quieren presentar la pugna entre las dos facciones de la gran burguesía como sinónimo de democracia, de que existe una oposición electoral y que eso es sano para el país. Pero, en realidad, el que en Venezuela o Chile, etc., exista un sector de la gran burguesía en el gobierno (burguesía burocrática) y otro sector en la oposición (burguesía compradora), no es sinónimo de democracia, sino que es expresión material de que las clases explotadoras no han sido barridas por una verdadera revolución. Más aún, que la actual crisis del Estado venezolano se desenvuelva en una lucha donde las masas son arrastradas a ponerse bajo la dirección política de una de estas dos facciones de la gran burguesía, es una muestra de que las clases explotadoras no sólo no han sido barridas, sino que se pelean el control del Estado.

Si a esta pugna interburguesa le sumamos el que su expresión en la calle es la lucha de masas contra masas, tenemos que, el proletariado y el pueblo de Venezuela pelean defendiendo un programa y una bandera que no les son propios, que la clase y el pueblo no cuentan con su destacamento de vanguardia, que en Venezuela no existe un verdadero Partido Comunista, un partido que dirija la lucha y que no tenga nada que perder, sino un mundo que ganar contra el imperialismo y las clases explotadoras. Esta situación, donde las clases explotadoras tienen el poder y donde el proletariado y el pueblo no tienen su organización revolucionaria de vanguardia, tiene como resultado que hoy las masas pobres luchen entre ellas tras una u otra facción de la gran burguesía, que estén matando y muriendo por intereses ajenos al pueblo.

LA CRISIS MONOPRODUCTORA DEL CRUDO

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Petróleos de Venezuela S.A., gran monopolio estatal creado en 1976 y servil al imperialismo. En la imagen se evidencia la demagogia en la propaganda chavista y la realidad

Venezuela es un país monoproductor de crudo (materia prima del petróleo). Alrededor del 60% de los crudos venezolanos son pesados y extrapesados, es decir, requieren un mayor procesamiento y, actualmente, su precio está a la baja. El procesamiento de estos crudos venezolanos se lleva a cabo en Estados Unidos, país que, a su vez, compra el 80% de la producción venezolana.

Durante sus gobiernos, Hugo Chávez no sólo mantuvo la monoproducción de crudo, sino que además la defendió como si fuera una política revolucionaria.

Durante el 2001 con la invasión del imperialismo yanqui a Irak, hubo quienes pensaron que en un acto internacionalista Venezuela pararía la venta a Estados Unidos, pero eso no sucedió. El gobierno Bolivariano continuó con la exportación de crudo a su principal comprador, sabiendo que ese petróleo era parte de la logística de la invasión imperialista.

Ese mismo año comenzó en Venezuela una caída de los salarios que se extendió hasta el 2007, alcanzando una baja del 21%, siendo el país de América Latina en donde la caída de los salarios fue más estrepitosa. El gobierno intentó tapar este recorte de derechos con un asistencialismo desenfrenado, expresado en las denominadas Misiones, consistente en medidas parches tendientes a contener la explosividad social. En el caso de la rebaja de salarios el gobierno aplicó la Misión Saber y Trabajo, con lo que legalizó la precarización laboral bajo la ley “socialista bolivariana” y, mediante bonos y promesas, apuntó a frenar la lucha de la clase obrera por la defensa del salario y otras demandas económicas.

Sobre lo anterior es necesario identificar la diferencia entre reformas y reformismo. Es decir, unas son las reformas, las conquistas parciales que el pueblo arranca por medio de la lucha. Otra cosa muy distinta y opuesta a los intereses de las masas populares son las medidas reformistas dictadas por el viejo Estado con las que las clases explotadoras buscan frenar la lucha de las masas para mantener la gobernabilidad, condiciones que el imperialismo yanqui impone a los gobiernos de las semicolonias.

Pero, si el gobierno de Venezuela siguió vendiendo toneladas de petróleo, principlamente al imperialismo yanqui y junto con ello, recortó el gasto fiscal, empobreciendo más al pueblo… ¿Dónde han ido a parar los recortes a los salarios? ¿Dónde fue a parar esa acumulación de capital? Porque es a todas luces evidente que, por más anuncios de inversión estatal en tal o cual área social, el costo en dinero de las Misiones siempre va a estar muy por debajo de lo que el pueblo demanda respecto a sus salarios.

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En marzo del 2016, Orlando Caputo (ex ministro de Salvador Allende) entregó un informe donde detalla cómo, desde el segundo trimestre del 2002, Venezuela pasó de ser un país deudor a un país acreedor de Estados Unidos. Es decir, desde el 2002, la mayor plusvalía acumulada, producto del recorte de salarios a los obreros y demás trabajadores venezolanos, tuvo como destino la banca imperialista yanqui.

Orlando Caputo, citando la información  del Banco Central de Venezuela, señaló que para el 2016 las inversiones de Venezuela en el exterior son 284 mil millones de dólares. El sector público tiene inversiones en el exterior por 111 mil millones y el sector privado, tiene 172 mil millones. Dígase lo que se diga, estas “inversiones” venezolanas están pagando –mediante la emisión de bonos soberanos– el costo de la crisis imperialista yanqui (desencadenada desde el 2008) con los recortes de los salarios a los trabajadores venezolanos.

Pero el imperialismo yanqui quiere ir por más. El gobierno de Trump ve en la actual crisis del Estado venezolano la posibilidad de que la facción compradora de la gran burguesía le permita, sin problemas, tomar posesión del dinero venezolano que está bajo control de la banca yanqui o, en su defecto, acorralar a Maduro y establecer medidas que garanticen más el saqueo del país. ¿De qué manera? ofreciéndole al gobierno de Maduro no intervenir, frenar a la oposición y dar gobernabilidad, a cambio de medidas más oprobiosas, humillantes y garantes del saqueo de las riquezas venezolanas.

Teniendo bajo su poder los depósitos y la refinería del crudo venezolano, el imperialismo yanqui baraja como cierta la posibilidad de desencadenar enfrentamientos armados, en donde ponga en la administración del Estado a la facción de la burguesía que entregue más gobernabilidad y esté más dispuesta a actuar como títeres suyo (la que asegure más garantías para el saqueo del país).

Respecto a la última afirmación de la intención yanqui de intervenir, lo expresó a principios de abril textualmente el almirante Kurt W. Tidd , mandamás del Comando Sur de los Estados Unidos (cuerpo militar para dominar América Latina), debido a que: “Venezuela está pasando por un período significativo de inestabilidad en este año debido a la escasez general de alimentos y medicinas, una incertidumbre política constante y empeoramiento de la situación económica”. Y así lo expresó hace unos días el mismo Donald Trump: “Tenemos muchas opciones respecto a Venezuela, incluida una posible opción militar si es necesaria”. “Tenemos tropas desplegadas por todo el mundo en lugares que están muy lejos. Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y está muriendo”.

EL FRACASO DE LAS MISIONES

Las Misiones ha sido la forma en la que el gobierno bolivariano está aplicando el programa del Banco Mundial de “combate a la pobreza”, dentro de los “objetivos milenio de la ONU” (rindiendo su examen de buena conducta al imperialismo yanqui).

El problema es que bajo el capitalismo burocrático, que es el capitalismo que el imperialismo impulsa en las naciones oprimidas, el asistencialismo se va desenvolviendo de forma cada vez más clientelar, o cómo decimos en Chile, por compadrazgo o pitutos. Por ejemplo, tal como el SENAME se ha convertido en una bolsa de trabajo para la Democracia Cristiana, en Venezuela el asistencialismo desenfrenado expresado en las Misiones ha multiplicado la trama de puestos burocráticos, con excesos de cargos y sueldos exorbitantes, donde van a parar los “familiares y los amigos de”.

Así, quienes han logrado acceder a un puesto en los organismos del Estado han sacado la tajada y asegurado sus ingresos como no hubieran hecho jamás. Esta trama de funcionarios, asistentes y asistentes de los asistentes, se han convertido en un cinturón de hierro sobre el cual se alzan los altos funcionarios estatales que estuvieron en la dirección de las Misiones. Estos últimos han tejido una telaraña de contactos con los representantes de los capitales imperialistas, ligados principalmente a la renta del petróleo.

Hoy, el clientelismo y la caída de los precios del crudo, más la inflación, han dejado al descubierto el verdadero carácter del asistencialismo expresado en las Misiones, que, si lo vemos con detención, en realidad no es algo nuevo. De hecho, los obreros que han estado en una huelga saben que la burguesía, en la negociación, busca mantener los salarios bajos disfrazándolos con bonos e incluso, cuando la huelga escala, una forma en que la burguesía intenta bajarla es “ofreciendo” un “buen” bono de término de conflicto. Pero los bonos no son indefinidos, he ahí su naturaleza, se dan de tanto en tanto y nada garantiza volverlos a recibir. Eso es lo que precisamente el viejo Estado venezolano, durante los últimos años de gobiernos bolivarianos ha hecho con la clase obrera y el pueblo: le ha cambiado derechos por bonos, pero los bonos se acabaron antes de lo esperado, porque la plata fue a parar cada vez más a la banca imperialista yanqui.

Lo que, sin embargo, no se ha acabado, es la trama de funcionarios que han segudido profitando del pueblo y chupando la sangre de los trabajadores, con lo que la situación del pueblo venezolano se ha vuelto más precaria. Sin ir más lejos, la propia Cilia Flores (esposa de Nicolás Maduro) ha incorporado a puestos de Estado a cerca de 40 familiares, que desarrollan todo tipo de contrabando. Incluso, dos sobrinos suyos implicados en contrabando de droga son presentados por la oposición como los “narcosobrinos”. Sobre esto el gobierno alega “aprovechamiento político”, etc., etc. Pero lo grave es que no han podido desmentir el hecho, no han podido desmentir que el Estado es utilizado para todo tipo de negocios con fines personales de esta casta bolivariana.

El gobierno de Nicolás Maduro, sobretodo desde el año pasado, ha intentado controlar las explosiones, gobernando por medio de decretos y medidas especiales de corte corporativista. Cuando los decretos no fueron suficientes para detener las explosiones, el gobierno concentró más el poder en el ejecutivo y pasó a militarizar las poblaciones pobres bajo la excusa de planes “antidelincuencia”, tal como ha ocurrido con la Operación Liberación del Pueblo, en la que el gobierno ha intervenido militarmente las zonas más pobres del país, cometiendo todo tipo de represiones y excesos policiales frente a cualquier manifestación de las masas.

NO TODOS LOS QUE PROTESTAN SON FASCISTAS

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La Juventud se lanza en violentas protestas; tras bambalinas, los grupos de poder se baten en un duelo de espadas.

En nuestro país, por largos años, los oportunistas han recurrido al chantaje político para descalificar las protestas de las masas y acusar de fascistas a quienes luchan por los derechos del pueblo en contra gobiernos autodenominados de “izquierda”, tales como los de Evo Morales, Rafael Correra, Lula-Dilma Rousseff, etc. En Chile, durante mucho tiempo, los oportunistas regaron la idea de que luchar contra la Concertación y la Nueva Mayoría equivalía a “hacerle el juego a la derecha”, que el no aceptar callado toda clase de atropellos era sinónimo de hacer crecer al pinochetismo.

Así fue como durante el 2006 quisieron deslegitimar la lucha estudiantil contra el gobierno de Bachelet, diciendo que estaba organizada por los alcaldes UDI y RN. Sin embargo, la evidencia de la justeza de las demandas estudiantiles, la masividad de las protestas y la movilización de masas, principalmente pobres, demostró que el argumento de “hacerle el juego a la derecha” es una pobre patraña que no tiene la menor validéz. Al contrario, tan sólo un año después, al firmar la Ley General de Educación, la directiva de la Concertación aparecía tomada de las manos con su “oposición”, en unidad contra los estudiantes.

Respecto a la actual situación en Venezuela, las dirigencias de las organizaciones oportunistas plantean que se debe apoyar al gobierno de Maduro y que no hacerlo es contrarrevolucionario. Sin embargo, las movilizaciones en contra del gobierno en Venezuela son justas: en contra de la carestía de alimentos y bienes de primera necesidad, contra la inflación, que para fines del 2016 llegó al 830%, donde quienes están en la calle no son los miembros de la “oposición empresarial”, sino que, fundamentalmente, cientos de miles de venezolanos pobres.

Estas masas pobres son las que pagan el costo de la crisis, son las que han sido desplazadas del campo en esta concentración de tierra que apunta exclusivamente a la extracción del crudo. Son estas masas pobres las que deben pagar el precio de la improductividad del latifundio, teniendo que hacerse cargo de la constante alza de precio de los alimentos, que son en su gran mayoría importados, porque el latifundio está destinado exclusivamente a la extracción de petróleo y en este círculo vicioso no hay desarrollo de la producción nacional.

En Venezuela, 93 de cada 100 dólares que sostienen la economía salen de la venta de crudo, pero el dinero recaudado no va al desarrollo nacional, sino que es devuelto a los bolsillos imperialistas yanquis, ya sea comprándoles maquinarias, equipos y hasta petróleo liviano para diluir el petróleo pesado y exportarlo a Estados Unidos. En resumen, los gobiernos bolivarianos, al igual que sus antecesores, han venido administrando el círculo vicioso del saqueo yanqui al pueblo venezolano. El problema es que las medidas parches ya no bastan para calmar la rabia del pueblo. Al contrario, las medidas parches, llamadas Misiones, han creado una nueva casta de explotadores que hacen aún más pesada la vida del pueblo venezolano. Esto explica (y no otra cosa) que en las últimas manifestaciones contra el gobierno se vaya sumando la población más pobre en la lucha por sus justas demandas.

El gobierno de Maduro quiere culpar a las masas que protestan de promover la invasión militar yanqui a Venezuela. Sin embargo, la situación es totalmente contraria. El grueso de las personas que protestan no son la “oligarquía en la oposición”, tampoco son “fachos pobres”, sino que es parte del pueblo que no está dispuesto a seguir viviendo como lo han hecho hasta ahora.

El pueblo de Venezuela es el creador de todo lo que ahí existe. Son las masas y la clase obrera quienes deben tomar el futuro en sus manos, tirando a la basura todo chantaje que no hace más que intentar vanamente frenar la revolución, la guerra popular: único camino verdaderamente antiimperialista con que el pueblo de Venezuela barrerá todo lo viejo y forjará sobre sus ruinas la nueva sociedad.

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LONKO VÍCTOR QUEIPUL SE REÚNE CON POBLADORES Y ORGANIZACIONES DE SANTIAGO

El sábado 12 de agosto, el Lonko Víctor Queipul, importante autoridad mapuche de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, se reunió con diferentes activistas en Santiago. El objetivo fue consolidar lazos de apoyo a la lucha mapuche por parte de pobladores de Santiago. En la ocasión se destacó que tanto los mapuche como no mapuche sienten que el pueblo no puede esperar nada bueno de este Estado.

El Lonko Víctor Queipul relató su historia y la de su comunidad, como también compartió su sabiduría y conocimiento en cuestiones tales como la organización y la necesidad de persistir en la lucha por la tierra, autonomía y autodeterminación. A pesar de ser un gran orador y comunicador de ideas, y a pesar de provenir de una cultura rica en tradición oral, comenta que uno no ha de convencer al otro a unirse a la lucha a través de las palabras: deben ser nuestros actos los que por sí mismos convenzan que estamos tomando el camino correcto y produzcan que compañeros y compañeras se sumen a luchar. Hay que ser hacedores de la lucha.

Contó que la lucha del pueblo mapuche es por la tierra, ya que es lo que les permite ejercer autonomía y realizarse culturalmente como pueblo. Explicó que a veces el winka (invasor) defensor del Estado chileno miente como estrategia política, cuestionando acerca de qué hará el mapuche por ejemplo sin escuelas y hospitales, cómo lo hará si se enferma. Este cuestionamiento desconoce que en la cultura mapuche existe una estructura completa que aborda estas necesidades, como es el caso de desconocer el rol de la machi que sana: “No entienden la cultura mapuche, no quieren reconocer que nosotros tenemos una identidad, otra identidad. Que tenemos cultura, que podemos convivir y vivir sin estar gobernados por ellos, no entienden”.

En relación a las elecciones se mostró como un gran opositor a estas. Relató cómo los políticos siguen intereses propios. Cómo la verdadera lucha no se debe basar en papeles que históricamente no han conseguido nada. Recordó la mentira que cuenta que la dictadura se había derrocado “con guante blanco”, a lo que declaró que eso no era cierto: sus padres y comunidad fueron parte de la lucha contra el gobierno fascista de Pinochet.

“El pueblo mapuche no es terrorista” fue una de las declaraciones del Lonko. Decir que lo son es la última estrategia que le queda al Estado chileno para desprestigiar la lucha mapuche y así alejarlo del pueblo de Chile. Todo ello para que se crea que el mapuche es alguien peligroso, pero el mapuche solo lucha por sus derechos y por recuperar lo que le fue robado. Contradiciendo este supuesto rechazo, el Lonko Víctor Queipul demostró su afecto respecto a la lucha del pueblo chileno, quien siempre contará con su apoyo y también destacó, con emoción, la importancia de la unidad de los pobres y el pueblo chileno con la lucha mapuche.

El Lonko recordó algo que le decía su familia de joven, donde lo invitaban a identificarse y preguntarse: “¿Quién es usted?, ¿cómo va a trabajar?, ¿cómo va a caminar en la vida?, ¿cómo va a construir su familia?, ¿como mapuche o como winka?.”

 

CONCENTRACIÓN DE RIQUEZA SE PROFUNDIZA EN EL MUNDO

Tomamos este importante y conciso artículo respecto a la superconcentración económica mundial. El autor es Vinicius Alves, quien lo escribió para el periódico democrático brasileño A Nova Democracia.

¡Las ocho personas más ricas del mundo tienen la riqueza equivalente a 3.600 millones de personas! Esta es una de las constataciones presentes en el informe “Una economía para el 99%”, publicada por Oxfam en enero de este año. Este dato evidencia el grado de concentración y centralización de la riqueza generada por el imperialismo y expone su carácter parasitario.

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La concentración se intensifica

“El capitalismo, en su fase imperialista, conduce a la socialización integral de la producción en sus más variados aspectos […] La producción pasa a ser social, pero la apropiación es privada. Los medios sociales de producción siguen siendo propiedad privada de un reducido número de individuos”, destaca Lenin, en la obra “El imperialismo, fase superior del capitalismo”, escrita en 1916 y publicada en 1917. Al analizar los datos del 2016 proporcionados por Oxfam, se verifica que los 1.810 billonarios del mundo -89% de ellos hombres- poseían un patrimonio de 6,5 billones de dólares yanquis, la misma riqueza que el 70% más pobre de la humanidad.

En el 2016, las 793 personas más ricas del mundo tenían una riqueza total de 5 billones de dólares. En 2009, los 793 billonarios que existían en el mundo en la época, tenían una riqueza neta total de 2,4 billones de dólares. Es decir, la cima de la pirámide social se estrechó y la riqueza se concentró aún más.

Según la misma entidad, en el 2016, 8 hombres tenían la riqueza equivalente a la mitad más pobre del mundo, es decir, 3.600 millones de personas. Este selecto “G-8”, poseía una riqueza neta de 426.000 millones de dólares. En 2014, 85 personas tenían la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad.

Este club selecto de la oligarquía financiera estaba compuesto por los yanquis Bill Gates (75 billones de dólares), Warren Buffet (60,8 billones de dólares), Jeff Bezos (45,2 billones de dólares), Mark Zuckerberg (44, 6 billones de dólares), Larry Ellison (43,6 billones de dólares) y Michael Bloomberg (40 billones de dólares), además del español Amancio Ortega (67 billones de dólares) y del mexicano Carlos Slim (50 billones de dólares).

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Desde la década de 1990, la renta del 1% más rica fue más alta que la renta del 50% más pobre. Entre 1988 y 2011, el ingreso del 1% más rico aumentó alrededor de 11.800 dólares, mientras que la renta del 10% más pobre aumentó alrededor de 65 dólares, es decir, 182 veces menos. Por ejemplo, en USA, en las últimas tres décadas, la renta del 50% más pobre permaneció inalterada, pero la de los 1% más ricos aumentó un 300%.

El grado de parasitismo del imperialismo llegó a tal nivel, que el 1% más rico del mundo, la flor de la oligarquía financiera -esta capa social parasitaria y rentista, que succiona la plusvalía extraída de los trabajadores y trabajadoras-, concentraba más riqueza que el resto del planeta, “solamente” 7 mil millones de personas.

Para aquellos que creen en los criterios de la meritocracia burguesa o del mito de que si usted trabaja mucho y duro, utilizando sus habilidades y talentos, siendo “proactivo”, “emprendedor”, “creativo” y “pensando fuera de la cajita” (“pensar libre de las amarras convencionales”, nota EP) se enriquecerá, la realidad los traicionará, ahogándolos en un mar negro de (des) ilusiones. Casi la mitad del patrimonio de los multimillonarios fueron frutos de herencias. Favorecimientos políticos y nepotismo (favores hacia amigos o familiares, nota EP) también contribuyen al enriquecimiento de la gran burguesía.

En las próximas dos décadas, 500 personas deberán transferir a sus herederos una cantidad superior a 2,1 billones de dólares, un valor superior a la gran parte de los Productos Internos Brutos (PIB) de los países semicoloniales.

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El 1% más rico controla el 46% de la riqueza mundial. “Pero no es suficiente” dice la caricatura del burgués.

Oportunidades creadas por la crisis

En los períodos de crisis económicas se profundizan los procesos de concentración y centralización del capital y de la riqueza. Según Lenin, en la obra ya citada, “las crisis de toda especie, sobre todo las crisis económicas, pero no sólo éstas, aumentan a su vez en proporciones enormes la tendencia hacia la concentración y el monopolio”.

Hay dos ejemplos ilustrativos de esta afirmación. Por ejemplo, en 2016, el ingreso neto de las 10 mayores empresas del mundo fue superior al PIB de 180 países juntos, en su mayoría semicolonias, principalmente situadas en África, Asia y América Latina.

SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES, LA PROTESTA POPULAR Y EL NEFASTO ACTUAR DE DIRIGENTES “NO+AFP”

Compartimos importante comunicado público del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo respecto al oportunismo electoral y la criminalización de la protesta expresado por la Coordinadora del Movimiento NO + AFP, distinguiendo entre quienes buscan las migajas de las elecciones y el cada vez más combativo pueblo chileno, el que se arroja a la calle contra todas las injusticias.

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Comunicado Público respecto a los últimos acontecimientos acaecidos en el movimiento No + AFP.

Sobre el sistema de pensiones, la protesta popular, y el actuar nefasto de dirigentes de la Coordinadora No Más AFP

En el marco de las legítimas protestas populares en contra del funesto sistema de pensiones heredado del fascista Pinochet, el cual sólo beneficia a grandes capitalistas nacionales y extranjeros, dejando en la miseria a la mayoría de nuestras trabajadoras y trabajadores, es que como Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, y a petición de compañeras y compañeros que estaban dando la pelea en la calle, nos sumamos desde fines del año pasado a distintas tareas anti represivas.

Así, el 4 de noviembre del 2016, pudimos ser parte de la contención en la zona norte, y asumir la defensa judicial junto a otra abogada del pueblo, del compañero Guido del Valle, quien ese día fue injustamente acusado de lanzar bombas incendiarias en el Pedagógico, acusación que le costó dos semanas de prisión preventiva. El mismo apoyo fue dado en las manifestaciones del pasado 24 de julio de este año.

En este proceso de lucha en contra de las AFP, hemos podido hermanarnos con muchas compañeras y compañeros que de manera decidida y sin mentirle al pueblo, luchan de manera frontal contra este sistema de pensiones, dejando en claro que no son las elecciones ni ésta podrida institucionalidad las que nos liberarán de esta forma de opresión en particular. Ese criterio lo compartimos como Comité de Defensa del Pueblo, toda vez que sólo en la organización popular y la protesta popular confiamos como método de combate en contra de las AFP. No creemos ni validamos ningún tipo de oportunismo electoral.

Lamentablemente, a raíz de las últimas declaraciones de algunos dirigentes del Movimiento No Mas AFP, hemos sido testigos de cómo el señor Luis Mesina y otros títeres del Frente Amplio, han decidido denunciar públicamente a las compañeras y compañeros que realizan acciones directas en contra de las AFP, lo cual es absolutamente intolerable. Estos peligrosos oportunistas electoreros, para dar un certificado de buena conducta a la gran burguesía y a los grandes capitalistas, se sumaron al coro de voces que criminalizan la protesta popular y la legítima rebelión del pueblo, para ganarse una migaja de apoyo en las próximas candidaturas presidenciales, lo cual es inaceptable.

Como Comité de a Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, damos todo nuestro apoyo a las compañeras y compañeros que están siendo apuntados por el dedo por estos funestos oportunistas, y hacemos un llamado a no validar ninguna de estas actitudes, ya que se ponen al servicio directo de la represión. De todas maneras sabemos que a la larga, ninguna de estas negativas formas de actuar podrán trancar el avance revolucionario de nuestro pueblo.

¡A darle con todo a las AFP!

¡Sólo la lucha nos hará libres!

¡La rebelión se justifica!

Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo

Agosto de 2017

TOMA DE FAENA CÁRCEL EL MANZANO DE CONCEPCIÓN

Publicado en la edición impresa n° 61 de Periódico El Pueblo, agosto de 2017.

Ejemplo de lucha obrera

Toma de faena Cárcel El Manzano de Concepción

Por Victoria Flores

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“Aquí están, estos son, los obreros de la construcción” se escuchaba entre cantos el día 31 de julio, cuando alrededor de 180 obreros de la obra El Manzano marchaban por el centro de Concepción.

Ellos iniciaron la toma de la faena el día 22 de julio, en respuesta a los abusos de la empresa Claro Vicuña Valenzuela, a cargo de la construcción de la Cárcel El Manzano.

Los obreros, agrupados en el Sindicato SINTRASAR (que representa trabajadores de la construcción a nivel nacional) iniciaron la movilización en respuesta al despido de más de 250 trabajadores del sindicato, en pleno proceso de negociación colectiva. Al cierre de esta edición, la obra sigue tomada y los trabajadores continúan dispuestos a luchar.

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La explotación encendió la chispa de rebelión

La obra de la cárcel El Manzano está ubicada en Concepción y consiste en la  ampliación  de lo que actualmente es este centro penitenciario. La obra se inauguró con bombos y platillos en octubre de 2016, adjudicándose la construcción el holding Claro Vicuña Valenzuela.

A medida que fue avanzando la obra comenzaron a agudizarse las condiciones de precariedad: Existían denuncias de los trabajadores por malas condiciones de higiene, falta de agua para ellos, sueldos muy por debajo de lo que corresponde pagar a los maestros y, además, discriminación en los niveles del sueldo base entre trabajadores. A todo ello se añaden extensas jornadas laborales de hasta 12 horas diarias para poder “hacerse el sueldo”, sin pago de horas extras, pues no había un registro formal de las mismas.

Por si esto fuera poco, la empresa tenía la herramienta legal que le permite contratar y finiquitar trabajadores cada dos meses. Este es el llamado “contrato por obra”, en donde la duración del contrato es sólo hasta cierto hito de la construcción y luego el trabajador es despedido, finiquitado y vuelto a contratar cuantas veces quiera el patrón. Así, en la empresa Claro Vicuña Valenzuela hay muchos trabajadores que llevan años trabajando para el mismo empleador, con sucesivos contratos de dos meses, pero nunca han recibido el pago de indemnizaciones por años de servicio al ser despedidos.

En la actualidad, la ley laboral permite que el empleador despida a un trabajador aunque se encuentre con fuero de negociación colectiva, por el solo hecho de finalizar el hito o la obra para el cual fue contratado. Este es el objetivo político del “contrato por obra”: impedir la organización de los obreros de la construcción debido al carácter estratégico de esta rama de la producción.

Tiembla el patrón cuando el obrero se organiza

Fueron estas condiciones de explotación las que motivaron a los obreros a sindicalizarse: cuando llegó el sindicato a la obra, el primer día ya habían 100 afiliados  y rápidamente llegaron a un número cercano a 300. Una vez sindicalizados, presentaron un proyecto de contrato colectivo a la empresa el día 5 de julio de 2017. Este proyecto de contrato colectivo significaba para los trabajadores negociar en conjunto sus condiciones de trabajo y recogía sus demandas más sentidas.

Pero la unidad de los trabajadores es a lo que más teme el patrón y ante este pliego de demandas la empresa respondió despidiendo a más de 250 trabajadores del sindicato el día 22 de julio, aún mientras todos se encontraban con fuero laboral por la negociación colectiva.

Frente a este golpe que la empresa pretendió dar al sindicato, los obreros respondieron como un solo puño: se tomaron la faena, paralizando toda la obra.

Hoy la toma lleva más de diez días y su principal demanda es ser reincorporados, además de que se les pague lo adeudado producto de los despidos injustificados. Se han movilizado por la ciudad y también contra el Ministerio de Obras Públicas (por ejemplo, lanzando huevos), por guardar silencio ante el abuso en contra de los trabajadores.

El destino histórico de la clase obrera

Los obreros de El Manzano demuestran que los trabajadores sí tienen disposición a desbordar la legalidad, organizarse, unirse e imponer por la fuerza sus justas demandas.

La toma de la faena, así como la huelga, es una escuela de lucha revolucionaria que nos muestra la fuerza que tenemos los trabajadores unidos. Pero las conquistas que logremos en la huelga o en la toma de la obra serán sólo pasajeras si no nos unimos también para luchar en perspectiva por la toma del poder.

Este espíritu combatiente está en el corazón de la clase obrera que, desde que nace, avanza inevitablemente hacia su emancipación: con luchas por conquistas inmediatas (salario y condiciones de trabajo) y con lucha política que apunta a la conquista del poder, única forma de asegurar la permanencia de todos los logros temporales. Desbordar la legalidad y combatir al patrón son importantes pasos en este camino.

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PANORAMA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN AMÉRICA LATINA – PARTE V

Traducimos de AND (Brasil) la parte final de la serie de artículos correspondientes a la estructura agraria de América Latina. Estos tienen la intención de ofrecer a los lectores una visión integral de la cuestión agraria campesina en los países que componen América Latina. El autor es Vinicius Alves.

Para ver la primera parte, donde se abordó el papel del modelo agroexportador, haz click aquí.

Para ver la segunda parte, donde se abordó la distribución de tierra en la región y la relación con la desigualdad, haz click aquí.

Para ver la tercera parte, donde se abordó la relación entre la tenencia de la tierra y el poder político económico, haz click aquí.

Para revisar la cuarta parte, donde se abordaron algunas experiencias de “reforma agraria” en la región, haz click aquí.

El presente texto es la quinta parte y última del artículo Panorama de la Estructura Agraria en América Latina, que aborda el recrudecimiento de la violencia en los conflictos por la tierra y territorio, y la resistencia de los pueblos del campo.

VIOLENCIA SISTEMÁTICA Y ACTUAL

La disputa por la tierra en América Latina ha generado a lo largo de los siglos innumerables enfrentamientos internos. La represión y criminalización de las luchas por la tierra y el territorio es un estándar común en la región.

El modelo agroexportador es un fomentador de conflictos territoriales y de desigualdades. La expansión de ese modelo ha contribuido al aumento de los índices de violencia contra las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, poblaciones extractivas, entre otros grupos que dependen de la tierra para vivir y trabajar. Estos son agredidos, perseguidos, expulsados, criminalizados, detenidos, asesinados por defender sus derechos a tierra y territorio, y por resistir valiente a las actividades que atentan contra sus medios de vida y trabajo.

El avance del modelo agroexportador se alía a la negación sistemática de los derechos de las poblaciones rurales -que sólo existen en las letras muertas de las leyes- y la adopción de políticas que favorezcan a las clases dominantes, contribuyendo al agravamiento en el cuadro de violencia en América Latina.

La represión se ha intensificado en las últimas décadas, manifestándose principalmente en el aumento en el número de personas asesinadas.

“La creciente persecución y criminalización de comunidades campesinas e indígenas, mujeres y hombres en defensa de la tierra y de los recursos naturales forma parte de una estrategia de represión que se extiende por toda América Latina. Es posible reconocer tácticas comunes muy preocupantes, tales como la militarización de los territorios con estados de excepción cada vez menos excepcionales, la participación en de agentes de seguridad privada y grupos criminales junto a las fuerzas policiales y militares en los desalojos , la instrumentalización del aparato de justicia para deslegitimar la protesta social”, subraya Oxfam.

En 2015, según Oxfam, América Latina fue la región del mundo en la que más se mataron personas en conflictos agrarios: 122 personas asesinadas de las 185 registradas en el mundo. Obviamente este número es subestimado, teniendo en vista que muchos casos no se registran o no son tratados como conflictos agrarios. Brasil lideró los rankings mundiales y regionales de asesinatos, con al menos 50 muertos, casi la mitad de ellos en Rondônia.

En el campo, la impunidad y la acción selectiva del poder judicial hacen que la mayoría de los crímenes cometidos contra las poblaciones rurales ni siquiera sean registrados, lo que imposibilita conocer la dimensión real de la violencia, además de retroalimentarla.

Para una familia campesina perder la posesión de la tierra significa tener que adquirirla o depender de un trabajo asalariado, casi siempre temporal y precario, para asegurar la alimentación y otras necesidades básicas. Para los pueblos indígenas y afrodescendientes, la tierra no sólo presenta un valor económico, consiste en la base material de su identidad cultural.

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8º Congreso de la Liga de Campesinos Pobres del Norte de Minas y Sur de Bahia (Foto: Ellan Lustosa/AND). En el lienzo se lee “Contra la crisis: ¡tomar todas las tierras del latifundio!

VIEJO ESTADO Y LATIFUNDIO CONTRA MOVIMIENTOS POPULARES

Algunos ejemplos corroboran la afirmación de que la violencia contra las poblaciones del campo y sus movimientos es algo intencional, fruto de decisiones políticas y de la colusión entre el viejo Estado y las clases dominantes reaccionarias.

En el Paraguay, en 2013, se produjo la reforma a la “Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interna”, que permite que el gerenciamiento (“gobierno”) federal utilice al ejército de manera inmediata para actuar en el país contra “amenazas y enemigos internos”. Movimientos campesinos e indígenas han denunciado que esta ley se ha sumado a otras para profundizar la criminalización de las luchas por tierra y territorio. Los informes de torturas, detenciones arbitrarias, uso abusivo de la fuerza, desalojos y hasta asesinatos han sido denunciados en organismos nacionales e internacionales. En ese país, la aceleración del proceso de concentración, aliado a las políticas del viejo Estado, expulsó a más de 585 mil personas de sus tierras en 10 años.

En Ecuador, el Consejo Nacional Indígena ha denunciado el abuso de la declaración del “Estado de excepción” como una estrategia de los gerenciamientos para reprimir la protesta social en las zonas de interés de la minería y de las petroleras.

En Bolivia, el Movimiento de Trabajadores sin Tierra, ha sido prácticamente anulado por el gerenciamiento de Evo Molares mediante la Ley 477, la que castiga la ocupación de tierras con penas que van desde los 3 a 8 años de detención.

El riesgo que corre el palo, corre el hacha

Como dice el aforismo: donde hay opresión, hay rebelión. Y como dice la canción: el riesgo que corrió el palo, corre el hacha. El descontento social es cada vez mayor. La lucha por la tierra y por el territorio no cesa, por el contrario, avanza y se radicaliza.

Frente a la violencia sufrida, las poblaciones del campo se organizan y recurren cada vez más a las ocupaciones para reivindicar sus derechos, rechazando el modelo agroexportador. En esa lucha, se enfrentan a las fuerzas represoras de los viejos Estados y los grupos paramilitares al servicio de terratenientes y monopolios, nativos o extranjeros.

Cabe destacar el papel activo de las mujeres, que han ido a la línea de frente en la lucha por la tierra y por el territorio. Las mujeres de las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas, además de ser sometidas a explotación y opresión del latifundio, de la gran burguesía (burocrática y compradora) y del imperialismo, sufren con una cuarta montaña: la opresión sexual.

En el campo, el peso de la semifeudalidad, que busca subyugar a las mujeres y subordinarlas al trabajo doméstico es más intenso. Allí, el poder patriarcal se hace más fuerte. La cultura semifeudal hace que las mujeres sean estigmatizadas, hostilizadas y reprimidas cuando se atreven ir contra las normas culturales, sociales y religiosas de las clases dominantes.

Pero las mujeres se han incorporado cada vez más a la lucha por la defensa de la tierra y del territorio. Las mujeres han desempeñado un papel de liderazgo. Las mujeres, muchas veces con sus hijos, encabezan las manifestaciones, resisten a los desalojos, trabajan en la organización de los campamentos y asentamientos.

Por ejemplo, en Honduras, las mujeres afrodescendientes, campesinas e indígenas encabezan la lucha contra los desalojos, muchos de ellos relacionados con proyectos de infraestructura, como hidroeléctricas. Entre 2010 y 2013, más de 1.384 campesinas fueron procesadas en 15 departamentos del país. Entre 2010 y 2015, 109 mujeres fueron asesinadas en el contexto de los conflictos agrarios.

Revolución de Nueva Democracia

Para las comunidades afrodescendientes, campesinos e indígenas, el acceso y control de la tierra y del territorio no será alcanzado por el camino burocrático a través del viejo Estado, sino por el camino revolucionario. Esta revolución es la Revolución Agraria, que inicia la Revolución de Nueva Democracia, cuyo objetivo es remover las tres montañas que explotan y oprimen a los pueblos de las colonias y semicolonias: el latifundio, la gran burguesía y el imperialismo, sentando las bases para la construcción socialista hacia el luminoso comunismo.

PANORAMA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN AMÉRICA LATINA – PARTE IV

Traducimos de AND (Brasil) la cuarta parte de la serie de artículos correspondientes a la estructura agraria de América Latina, la que está dividida en 5 y que serán publicadas todos los jueves. Estos tienen la intención de ofrecer a los lectores una visión integral de la cuestión agraria campesina en los países que componen América Latina. El autor es Vinicius Alves.

Para ver la primera parte, donde se abordó el papel del modelo agroexportador, haz click aquí.

Para ver la segunda parte, donde se abordó la distribución de tierra en la región y la relación con la desigualdad, haz click aquí.

Para ver la tercera parte, donde se abordó la relación entre la tenencia de la tierra y el poder político económico, haz click aquí.

El presente texto es la parte 4 del artículo Panorama de la Estructura Agraria en América Latina, que traza un breve relato de algunas experiencias de “reforma agraria” en la región, tales como la de Brasil, Bolivia, México, Nicaragua y Perú.

Reforma agraria versus Revolución Agraria

Al analizar el desarrollo de las estructuras agrarias de los países latinoamericanos, Oxfam destaca que ningún proceso de reforma agraria ha logrado una transformación profunda y duradera de la propiedad de la tierra. Se citan las experiencias de México (década de 1910), Perú (1969), Nicaragua (década de 1980), Bolivia (1953-1954), Paraguay (1963), Brasil (a partir de 1985), Guatemala (1996) y El Salvador (1992).

En México, la reforma agraria, fruto de un proceso revolucionario basado en el lema “tierra para quien en ella vive y trabaja”, realizó a lo largo de la década de 1910 la expropiación de latifundios y la entrega de las tierras a la población, conformándose los ejidos – propiedad colectiva, intransferible, inalienable e innegociable – y comunidades campesinas, en las que la propiedad era estatal. Sin embargo, a lo largo de las décadas siguientes, los avances obtenidos fueron siendo gradualmente removidos. En 1992, los ejidos pasan a ser vendidos. En 2007, el 1% de las grandes explotaciones concentraba el 56,02% de las tierras, mientras que el 99% restante concentraba el 43,98%.

En el Perú, el gerenciamiento militar fascista de Juan Velasco Alvarado (1968-1975), que llegó a la cabeza del viejo Estado tras un golpe en octubre de 1968, distribuyó entre 1969 y 1975 10 millones de hectáreas de tierras expropiadas del latifundio a los trabajadores. En las décadas siguientes ocurrió una reconcentración de la tierra en manos de los terratenientes (latifundistas).

En Nicaragua, entre 1979 y 1990, los gerenciamientos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) redistribuyeron el 25% de las tierras del país a empresas estatales, cooperativas y familias campesinas. En la década de 1990, gran parte de las cooperativas habían desaparecido. En 2014, las pequeñas propiedades, que eran el 70,8% del total de las explotaciones agropecuarias, ocupaban apenas el 10,7% de las tierras. Por otro lado, el 1% de las grandes explotaciones concentraban el 24,63% de las tierras.

En Bolivia (1953-1954), las tierras entregadas por el viejo Estado nunca llegaron a las manos de aquellos que en ella viven y trabajan. Sólo el 8% de las tierras fueron distribuidas a campesinos y pequeños propietarios durante las décadas de reforma agraria.

En Paraguay, el régimen militar fascista de Alfredo Stroessner (1954-1989), realizó una “reforma agraria” que distribuyó tierras a grandes empresarios, políticos, militares y funcionarios de alto rango en los órganos del viejo Estado. En ese período, éstos recibieron cerca de siete millones de hectáreas de tierras, siendo el 64% vía “reforma agraria”.

En Brasil, según los datos del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), el gerente Sarney (1985-1989) asentó 89.950 familias; Fernando Collor e Itamar Franco (1990-1994) asentaron a 60.188 familias; La gestión FHC / PSDB (1995-2002) 540.704 familias; Lula / PT (2003-2010) 614.088 familias; Y Dilma / PT en el primer mandato 107.354 familias. Sin embargo, los números del INCRA son incoherentes. Según el artículo de Ariovaldo Umbelino de Oliveira, los gerenciamientos de Lula asentaron 215 mil familias y Dilma en el primer mandato 31 mil familias. Números exiguos frente a la demanda nacional.

En El Salvador y Guatemala, los “acuerdos de paz”, firmados respectivamente en 1992 y 1996, tenían como clausulas la reversión de una de las causas estructurales de las guerras civiles, la extrema concentración de la tierra en manos de los terratenientes. Dos décadas después, prácticamente nada cambió en la estructura agraria de esos dos países de Centroamérica. En El Salvador, el latifundio concentraba el 28,6% de las tierras, mientras que en Guatemala el 47,96%.

Se debe hacer un paréntesis para registrar que el “acuerdo de paz” entre el viejo Estado colombiano y las FARC también trae como uno de los puntos de la negociación la distribución de la tierra. En el “acuerdo” se habla de una “reforma rural integral”, con la regularización de las pequeñas y medianas propiedades rurales.

En países como Bolivia, Brasil y Ecuador, la Constitución permite al viejo Estado expropiar tierras que no cumplan su función social. Sin embargo, el “sacrosanto” derecho a la propiedad privada está por encima del derecho colectivo, el interés particular por sobre el interés general. “Es mucho más probable que una comunidad sea desalojada para dar paso a una industria extractiva a que un terrateniente sea expropiado para distribuir la tierra entre familias campesinas”, subraya Oxfam.

Estos ejemplos ilustran que el poder latifundista ha impuesto toda su influencia para bloquear o revertir los avances redistributivos que lograron algunos procesos de reforma agraria, principalmente aquellos frutos de luchas armadas.

“Transformar las estructuras de propiedad de la tierra significa enfrentar el poder y alterar un orden social que está enraizado en una cultura que es más cercana al feudalismo que a una democracia moderna donde se menosprecia, explota y discrimina a las personas que trabajan la tierra” dice el estudio.

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El letargo en la demarcación de las tierras indígenas

El estudio de Oxfam permite verificar que Brasil no es el único país de la región en el que la demarcación de las tierras indígenas está prácticamente paralizada.

En Perú es más rápido obtener una licencia para una explotación mineral que una comunidad indígena obtenga su derecho legalmente reconocido sobre el territorio. Para una regularización del territorio, una comunidad indígena debe desarrollar 27 etapas con un período de espera de una década para ver su territorio regularizado. En cambio, una explotación mineral precisa enfrentar 7 etapas y esperar 3 meses para obtener la concesión. Como resultado, entre 2007 y 2015 fueron regularizados 50 territorios indígenas, mientras que han sido aprobados más de 35 mil concesiones minerales, dígase de paso, muchas de ellas en territorios indígenas.

La casi paralización de las demarcaciones de tierras indígenas está relacionada con la expropiación de las tierras para las actividades económicas. “Una de cada tres hectáreas que se entregó en concesión para una explotación mineral, petrolífera, agroindustrial y forestal en América Latina – como en otras regiones del mundo – pertenecen a pueblos indígenas. La expansión minera y petrolífera en Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, donde cada vez son más frecuentes y agudos con los habitantes indígenas, afectan a sus territorios o alteran las fuentes de agua de las cuencas de las que dependen. En Colombia, las plantaciones de banano y aceite de palma se han instalado sobre las tierras de las que fueron expulsadas violentamente las comunidades afrocolombianas”, denuncia Oxfam.

Camino burocrático versus camino revolucionario

La causa del fracaso de las reformas agrarias y de las demarcaciones de territorios indígenas está en el hecho de no haberse enfrentado al poder latifundista y destruido su base, que es el latifundio, lo que sólo es posible con la Revolución Agraria, como parte integrante de la Revolución De Nueva Democracia ininterrumpida al socialismo.

 

LA NECESIDAD DE LA PRENSA DEMOCRÁTICA AL SERVICIO DEL PUEBLO

Publicado en la edición impresa n° 60 de Periódico El Pueblo, julio de 2017.

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Periódico El Pueblo surge hace 6 años y medio, como una iniciativa de trabajadores y estudiantes que buscan construir una prensa democrática al servicio del pueblo. Un periódico que sirva a obreros, campesinos, al pueblo mapuche, mujeres, estudiantes, profesores, profesionales y a los distintos sectores del pueblo. Es decir, disponer la energía en levantar una prensa que refleje la vida de las masas, sus intereses, sus inquietudes y por sobre todo, sus luchas, tanto a nivel nacional como internacional.

Nuestro empeño es buscar la verdad en los hechos y sintetizar los aspectos más avanzados de las luchas. No creemos en la neutralidad, sino al contrario, estamos en un momento en que la protesta de las masas obliga a todos a evidenciar su posición.

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Ejemplo de ello es cómo los medios –incluida la prensa que se presenta como independiente- informaron sobre la terrible muerte de los dos weichafe mapuche, Luis Marileo y Patricio Gonzales, tratándolos desde un inicio como “asaltantes”, “delincuentes” y con “prontuario”, en su claro rol de criminalizar la lucha. Todos estos portavoces de las clases dominantes validaron sin vacilación el testimonio de la corrupta policía, empleando como fuente de “verdad” absoluta la declaración de quienes hostigan y atacan permanentemente al pueblo mapuche en defensa de los intereses del latifundio forestal y agrícola.

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El plan imperialista de colonización ideológica busca imponer, a través de sus agencias noticiosas, una concepción de mundo servil a sus intereses. En Chile, la prensa monopólica implementa este plan, concentrándose en torno a El Mercurio (grupo Edwards), COPESA (Grupo Saieh), y los canales de televisión. Y ¿cómo lo hacen? estigmatizando, engañando, tergiversando o buscando dividir al pueblo, sobre todo a los más pobres y a los que luchan. Uno de sus principales objetivos políticos es frenar la lucha de clases e impulsar la conciliación entre explotados y explotadores, que no es otra cosa que postrarse a los intereses de los monopolios. ¡Gritan a los cuatro vientos que la violencia es siempre mala!, pero siempre justifican la cruenta represión que aplica el viejo Estado para combatir la voluntad rebelde del pueblo.

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Sin embargo, a pesar de sus millonarias y grotescas inversiones en “comunicación”, la lucha de las masas lo transforma todo y se apropia de las posibilidades ofrecidas por la tecnología –principalmente internet-, construyendo una serie de medios de comunicación no monopólicos, utilizando inclusive las redes sociales para informar. Cada vez son más los que buscan esta información al servicio del pueblo. Ejemplo de ello es el ataque perpetrado por la policía militarizada a la Escuela Básica Municipal G–816 de la Comunidad de Temucuicui y la rápida difusión de videos, ayudando a que fuese repudiado por amplios sectores del pueblo y obligó al gobierno a intentar dar explicaciones.

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Por ende, entendemos que la objetividad es buscar la verdad en los hechos y tomar posición por los más oprimidos, barriendo con la terminología reaccionaria que busca dividir, relativizar la realidad y confundir sobre quiénes son los verdaderos amigos y enemigos de los explotados.

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Buscamos combatir el plan de despolitizar a las masas y el intento de confundir sobre qué sirve a la lucha y lo que no. El imperialismo y sus siervos quieren que la conciencia del pueblo se mantenga en la Edad Media, ocultando la información sobre las luchas internacionales y nacionales, las revoluciones y la ciencia. Es por ello que como reporteros/activistas entendemos que si queremos difundir la lucha, también debemos ligarnos a ella. En este camino hemos podido observar, con alto optimismo revolucionario, la búsqueda de nuestro pueblo por organizarse y cómo aumenta la necesidad de combatir el egoísmo y el desinterés por el otro. Sin duda, es un camino lleno de zigzags y recodos, pero convencidos afirmamos que si luchamos estamos condenados a triunfar.

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Periódico El Pueblo se basa en el principio las masas hacen la historia. Por ello, hemos realizado algunos cambios, a partir de opiniones y comentarios de nuestros lectores, ya que quien no confía en el pueblo no puede pretender una prensa democrática.

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Con alto orgullo de clase estamos ansiosos por seguir llenando estas páginas con todo lo nuevo que va creando la lucha de las masas en su justo camino hacia la revolución.

 

21 DE JULIO DE 1948: COMUNISTAS DETENIDOS EN EE.UU. POR LEY SMITH

Dirigentes del Partido Comunista de Estados Unidos son detenidos por la ley Smith

El 21 de julio de 1948, Eugene Dennis, William Z. Foster y otros dirigentes del CPUSA (Comunist Party of United State of America)  fueron detenidos, acusados de propugnar el derrocamiento violento del Gobierno. Una de las estrategias de acusación a lo largo de este proceso fue instar a los acusados al soplonaje sobre los otros miembros del Partido. Al negarse fueron encarcelados, acusados de desacato al tribunal. El proceso duró once meses y al final el juez federal, Harold Medina, fue incapaz de ocultar su animadversión hacia los acusados y encarceló incluso a los abogados defensores, también por desacato al tribunal.

Tras 9 meses de proceso, los dirigentes del CPUSA fueron declarados culpables de violación de la Alien Registration Act (Smith act o Ley Smith) y condenados a 5 años de cárcel y 10.000 dólares. Apelaron ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero el 4 de junio de 1951, los jueces por 6 votos frente a 2 resolvieron la legalidad de la condena.

A esta decisión le siguió la detención de otros 46 comunistas en el verano de 1951. Entre ellos se encontraba Elizabeth Gurley Flynn, que también fue acusada de desacato al tribunal tras decir al juez que no identificaría a nadie como comunista, ya que no deseaba perder su dignidad convirtiéndose en una delatora. También fue condenada por violar la Alien Registration Act y sentenciada a 2 años de cárcel.

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La ley Smith o Alien Registration Act  era una ley que imponía sanciones a aquellos que propugnaban el derrocamiento violento del gobierno. Esta ley, decretada por el gobierno imperialista, tenia directa relación con la guerra fría, pues era una forma de atacar al “enemigo interno” y una ley completamente anticomunista, como lo es Estados Unidos hasta estos días. El miedo del principal país capitalista e imperialista al comunismo no es casualidad, ya que saben que es la forma en que pueden perder y perderán el poder a manos de los obreros, campesinos y pueblos oprimidos del mundo.

 

PANORAMA DE LA ESTRUCTURA AGRARIA EN AMÉRICA LATINA – PARTE III

Traducimos de AND (Brasil) la tercera parte de la serie de artículos correspondientes a la estructura agraria de América Latina, la que está dividida en 5 y que serán publicadas todos los jueves. Estos tienen la intención de ofrecer a los lectores una visión integral de la cuestión agraria campesina en los países que componen América Latina. El autor es Vinicius Alves.

Para ver la primera parte, donde se abordó el papel del modelo agroexportador, haz click aquí.

Para ver la segunda parte, donde se abordó la distribución de tierra en la región y la relación con la desigualdad, haz click aquí.

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El presente texto es la tercera parte del artículo Panorama de la Estructura Agraria en América Latina, el que hace un análisis de la relación entre la tenencia de la tierra y el poder político-económico.

Tierra y poder

El monopolio de la tierra es fuente de poder político y económico. La disputa por la tierra siempre ha sido una disputa por poder. El control de esta por las clases dominantes reaccionarias se ejerce principalmente mediante la violencia. El que ejerce el control de la tierra decide sobre su uso y determina el destino de los beneficios de su explotación.

Las clases dominantes, especialmente los terratenientes, han utilizado su poder para influir en las decisiones políticas y reguladoras que afecten a sus intereses en torno a la tierra. Además, los monopolios nativos o extranjeros, instrumentos de dominación del imperialismo, han aumentado su actuación en el sector agropecuario en la región aquí analizada.

Un conjunto de factores ha atraído el interés de los monopolios extranjeros en América Latina, tales como: la demanda insaciable por materias primas y energías por las potencias imperialistas, el precio más bajo de la tierra, la disponibilidad de agua, beneficios fiscales, subsidios, facilidades en la remesa de los beneficios hacia el exterior, legislaciones ambientales y laborales frágiles, etc.

Los monopolios ejercen su dominio a través de un complejo sistema de relaciones políticas, económicas (comerciales y financieras), legal e ilegal, lícito e ilícito. La participación no siempre es evidente.

El estudio de Oxfam destaca la dificultad de saber quiénes son los propietarios de las tierras en la región, ya que la oscuridad de las transacciones, el uso de sociedades fantasmas, la titulación a nombre de terceros, el secreto y las barreras burocráticas en los órganos de los viejos Estados que administran los catastros y los registros de la propiedad crean un escudo que oculta la verdadera identidad de los propietarios.

Un conjunto de factores aislados que conjuntamente posibilitan el dominio completo de la tierra y de sus recursos naturales por los monopolios, tales como: el control de los flujos de capitales del mercado vía acción monopolista, de las acciones de un rol de empresas; La creación de filiales; Los acuerdos con empresas nativas, latifundistas y hasta campesinos; La influencia en las decisiones de los organismos internacionales (OMC, G7, G20, etc.) y de los gerenciamientos (“gobiernos”, nota nuestra) de turno sobre las medidas y los marcos normativos que afecten sus intereses.

El control ejercido por los monopolios se hace en toda la cadena productiva (producción, circulación y comercialización). Por ejemplo, las materias primas agrícolas producidas son adquiridas por las multinacionales, que se ocupan de su recolección, procesamiento y distribución en el mercado mundial. Este mercado ha sido dominado por el oligopolio del “ABCD”, integrado por ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus, que juntas comercializan gran parte de los alimentos producidos y consumidos en el mundo y, en años recientes, ha controlado casi tres cuartas partes del comercio mundial de granos.

En 2014, en Paraguay, el oligopolio compuesto por Cargill, ADM, Bunge, Compañía Paraguaya de Granos, Noble, Grupo Favero y Louis Dreyfus, ordenados según el grado de importancia, concentró más del 80% de las exportaciones de soja y derivados. Las empresas tenían sus propias infraestructuras de transporte y almacenamiento, incluyendo silos, embarcaciones y puertos en todo el país.

En Bolivia, la exportación de la soja y derivados era controlada por cuatro empresas, que juntas exportaban el 77% de los granos en el país: Gravetal, de Venezuela (31%), Fino, de Perú (22%), ADM (13%) y Cargill (11%).

Es decir, los monopolios extranjeros son los que deciden qué, cómo, cuándo y cuánto producir, así como son quienes se apropian de los mayores beneficios de la explotación de las tierras.

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Latifundios, monopolios y el sistema político

Los terratenientes y los monopolios han ejercido fuertes presiones sobre los gerentes de turno y parlamentarios para que éstos adopten medidas políticas que atiendan sus intereses, además de financiar campañas electorales a cambio de favores.

Por ejemplo, en Perú, Ollanta Humala (2011-2016), que llegó a la gerencia federal del viejo Estado con un discurso de “cambio social”, se alió a las clases dominantes, que antes criticaba. Humala nombró agentes de los monopolios para la administración estatal, además de aprobar un “paquetazo” (de medidas gubernamentales, nota nuestra) que privilegió a las mineras, como la flexibilización de los procedimientos de aprobación de estudios ambientales y arqueológicos y la utilización de tierras comunales campesinas.

En Brasil, la bancada latifundista, defiende los intereses de esa clase en el Congreso Nacional. Esta bancada ha sistemáticamente bloqueado cualquier acción estatal de expropiación de inmuebles rurales que no cumplan su función social, tal como establece la propia Constitución burguesa. También rechazan la demarcación de territorios indígenas y quilombolas (refugios de esclavos africanos, nota nuestra).

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Monopolio de la tierra y desigualdades

El monopolio de la tierra es tanto una herencia colonial como un cáncer actual. Históricamente, las oligarquías latifundistas, designadas en algunos países como terratenientes, y más recientemente, los monopolios, controlan la tierra, sus recursos y la riqueza generada a partir de ella.

La distribución desigual de las tierras es un problema estructural en toda América Latina, resultado de la ausencia de revoluciones democráticas victoriosas, que distribuyesen e incentivaran el uso de la tierra de forma productiva, contribuyendo al desarrollo de la economía y de la nación.

La concentración de la tierra es un obstáculo para el crecimiento económico de la región, además de ser una de las principales causas de las desigualdades económicas y sociales enfrentadas por sus pueblos. Según Oxfam, las 32 personas más ricas en América Latina concentraban la riqueza equivalente a los 300 millones más pobres, siendo que el 64% de esta riqueza proviene de activos no financieros, destacándose el control de la tierra.

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Los terratenientes tienen una serie de privilegios fiscales en la región. Según el estudio aquí utilizado, los impuestos sobre la propiedad de la tierra suelen ser irrisorios debido a tres razones. En primer lugar, “los valores catastrales suelen estar muy por debajo del valor real de mercado y no se actualizan con suficiente frecuencia”. En segundo lugar, “las tasas con que se marca la propiedad rural suelen ser muy bajas y regresivas”. Y tercero, “los gobiernos locales […] a menudo están bajo el control de las élites locales que son propietarias de tierra, que pueden bloquear la aplicación de sistemas impositivos más justos y eficientes”.

Esto contribuye a la improductividad del latifundio y al mantenimiento del carácter especulativo de la tierra, además de negar al acceso a la tierra a millones de campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes.

La democratización de la tierra significa una mejor distribución de los recursos, generando más empleos en las áreas rurales, distribuyendo mejor la riqueza y, por lo tanto, contribuyendo significativamente a reducir la pobreza y las desigualdades. Las pequeñas producciones pueden ser más productivas por hectárea que las grandes cuando existen las condiciones adecuadas.